- En 2015, 93.3% de las víctimas de corrupción no denunció el hecho
- Las experiencias de corrupción por cada víctima aumentaron de 2013 a 2015, al pasar de 2.0 a 2.4 eventos en promedio en el año
- En 2015 se registraron las mayores experiencias de corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública, el ministerio público, en los juzgados o para tramitar la apertura de una empresa
En el Día Internacional contra la Corrupción, el Inegi presenta información estadística de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales relacionada con la percepción y prácticas de corrupción en la prestación de servicios públicos, algunas de las estrategias para combatirla en las Administraciones Públicas Estatales y sobre acciones ejercidas contra aquellos servidores públicos que han incurrido en responsabilidades durante el ejercicio de sus funciones.
La corrupción consiste en solicitar, aceptar, ofrecer, dar un bien o servicio, producto de una actuación ilegal que se deriva del aprovechamiento indebido y para beneficio personal de un cargo, posición o responsabilidad en una organización pública o privada. Este fenómeno es diverso y se manifiesta a través de distintas acciones de la vida cotidiana. No sólo contempla casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, el tráfico de influencias, el uso indebido de la información privilegiada y el nepotismo; también se manifiesta al pagar por el servicio gratuito de recolección de basura, pagar por obtener la verificación vehicular con un auto contaminante, para evitar una infracción de la autoridad de tránsito, o bien, cuando un servidor público ofrece facilitar o agilizar un trámite o servicio a cambio de dinero. La corrupción inhibe el desarrollo económico de un país, debilita el Estado de Derecho, genera una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del gobierno y afecta el bienestar de la población.
Para hacer frente a este problema, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó desde el 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo objetivo fue promover la adopción de medidas para prevenir y combatir de forma eficaz y eficiente la corrupción nacional e internacional, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los recursos públicos.
México participa de esto y en 2015 se promulgó la reforma constitucional que sentó las bases para el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tiene como finalidad establecer, articular y evaluar la política en la materia y funge como instancia de coordinación entre las instituciones de los diversos órdenes de gobierno para que las autoridades competentes prevengan, detecten y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Se definió la creación de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción como órgano con autonomía técnica y operativa, con el objeto de investigar y perseguir los delitos relacionados y los cometidos por un servidor público federal en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Asimismo, se realizaron diversas reformas al Código Penal Federal para establecer las sanciones correspondientes a los servidores públicos o particulares que cometan actos de corrupción. Las medidas adoptadas tuvieron como uno de sus propósitos fortalecer el aparato institucional para recuperar la confianza ciudadana hacia los organismos públicos y con ello hacer frente al fenómeno de corrupción. Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, el Inegi presentó datos sobre la corrupción a pequeña escala en México:.
En el año 2015, el 50.9% de la población mexicana de 18 años y más, residente de ciudades de 100 mil habitantes y más, consideró a la corrupción como el segundo problema que más le preocupa por debajo de la inseguridad y delincuencia, por encima de otros asuntos económicos como el desempleo, la pobreza o el mal desempeño del gobierno. En los últimos años, esta mayor preocupación por el tema de la corrupción se ha acompañado también de un aumento en la percepción de que el mal desempeño del gobierno es un problema importante en el país.
Al indagar sobre la percepción de corrupción en diversas instituciones durante el año 2015, la mayoría de la población, ocho de cada diez adultos, percibió que en las instituciones públicas se dan con mayor frecuencia los actos de corrupción, siendo los cuerpos policiacos y los partidos políticos considerados como los organismos más corruptos. En contraste, en los círculos de convivencia cercanos a las personas, como la familia o los vecinos, la corrupción se percibió como un problema que se manifiesta con menos frecuencia.
En relación con el año 2013, en el 2015 hubo un aumento generalizado en la percepción de corrupción tanto en las instituciones públicas como en otros ámbitos de convivencia social, como la escuela o el vecindario.
Durante 2015, el 12.6% de la población de 18 años y más experimentó al menos un acto de corrupción cuando realizaron un trámite, pago, o solicitud de servicio ante algún servidor público. Esta cifra fue similar a la observada en 2013, donde el porcentaje de víctimas se ubicó en 12.1% del total.
También en el 2015 la tasa de incidencia fue de 30 mil 97 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 años y más que realizaron al menos un trámite, pago o solicitud de servicio ante una oficina pública, mientras que en 2013 se ubicó en 24 724 actos de corrupción. Lo anterior indica que en promedio cada víctima experimentó poco más de dos eventos de corrupción en ambos años de estudio.
En el 2015, el 20.5% de los hombres de 18 años que realizaron un trámite, pago, solicitud de servicio o tuvieron cualquier contacto presencial con un servidor público manifestaron haber experimentado al menos un acto de corrupción. Esta cifra fue superior a las mujeres, donde 9.3% de ellas fueron víctimas de la corrupción en ese mismo año.
Si bien, de 2013 a 2015 se observó un repunte en el número de víctimas en ambos grupos demográficos, en los hombres hubo incremento mayor en la proporción de víctimas en ese periodo al aumentar 3.2 puntos porcentuales.
Por grupo de edad, la mayoría de las víctimas de corrupción tuvo entre 18 y 29 años. En 2015, el 17.9% de la población de este grupo etario que tuvo contacto con algún servidor público fue víctima de algún acto de corrupción. Asimismo, a mayor edad se observó una menor probabilidad de ser víctima de corrupción, ya que por cada 100 personas de 50 años o más, cerca del 7% experimentó un acto de esta índole.
Entre 2013 y 2015, la probabilidad de ser víctima de corrupción disminuyó en la población de 30 años y más; mientras que los jóvenes de 18 a 29 años de edad fueron el único grupo que registró un aumento en el porcentaje de víctimas de corrupción en ese periodo.
Algunos estudios señalan que la probabilidad de experimentar algún acto de corrupción es mayor si las personas disponen de ingresos más altos, cuyo nivel suele depender de la escolaridad y de la condición de ocupación. Al respecto, se observó que a mayor nivel de escolaridad mayor fue la probabilidad de ser víctima de la corrupción. En el grupo de adultos con educación superior, hubo poco más de 18 víctimas por cada 100 personas con este nivel educativo y que tuvieron contacto presencial con algún servidor público en el año 2015. En contraste, por cada 100 personas sin escolaridad que tuvieron contacto con algún servidor público, alrededor de siete experimentó al menos un acto de corrupción en ese año.
Al indagar en la condición de ocupación de quienes fueron víctimas de algún evento de corrupción, por cada 100 personas que mencionaron estar empleadas en el mercado laboral, cerca de quince reportaron haber experimentado un acto de corrupción en 2015; en cambio, entre las personas que reportaron ser estudiantes, que se dedicaron a los quehaceres del hogar, que eran jubilados, pensionados o que se encontraban buscando un trabajo, sólo 8 de cada 100 fueron víctimas de la corrupción en ese año.
Por tipo de trámite o servicio público brindado, 55.2% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública en el año 2015, ya sea por incidentes de Tránsito, infracciones, detenciones por riñas u otro motivo, experimentaron algún acto de corrupción producto de esa interacción. En los trámites ante el ministerio público, para abrir una empresa o los llevados a cabo en juzgados y tribunales, se encontraron también mayores prevalencias de corrupción con 23.7, 22.3 y 21.8% respectivamente. En contraste, sólo una de cada 100 personas adultas que realizaron algún trámite relacionado con el pago de agua o predial, experimentaron algún acto de corrupción.
En casi todos los trámites o servicios se registró un aumento en la proporción de víctimas de corrupción entre 2013 y 2015, destacando el incremento de este problema en los trámites para abrir una empresa. En 2013, alrededor de 9 de cada 100 personas que realizaron este tipo de trámite fueron víctimas de la corrupción, mientras que en 2015 esta cifra aumentó a 22 por ciento. Este resultado es relevante para efectos regulatorios y para entender los incentivos que tienen los inversionistas que desean tramitar permisos para realizar alguna actividad económica. Por el contrario, en los trámites relacionados con la propiedad se observó una disminución en la prevalencia de corrupción en las personas que realizaron estas gestiones, al pasar de 24.8% en 2013 a 16.4% en 2015.
La mayoría de las víctimas de corrupción no denuncian
En 2015, el 93.3% del total de víctimas de corrupción no la denunciaron ante alguna autoridad competente, como la contraloría, el ministerio público o en el buzón de denuncias de la dependencia involucrada. Entre los motivos mencionados como los más comunes para no realizar la denuncia destacan que la víctima consideró que no se le dará seguimiento (33.3%); 19% opinó que es una pérdida de tiempo, mientras que 14.5% de las víctimas no denunció porque considera que la corrupción es una práctica común. Además, se deben tomar en cuenta otros factores que pudieran explicar la no denuncia, como: las normas sociales, el contexto en que el delito sucede, la falta de claridad de los mecanismos para denunciar y la confianza de la víctima en las autoridades.
En 2014, 20 de las 32 Administraciones Públicas Estatales reportaron contar con un Plan o Programa Anticorrupción, siete indicaron que dicho programa se encontraba en proceso de integración y 5 señalaron que no contaban con uno.
A las instituciones de la APE se les han asignado distintas funciones para combatir la corrupción como la contraloría interna, transparencia y mejora de la gestión pública con la finalidad de detectar y sancionar actos ilícitos dentro del quehacer gubernamental.
En el ámbito nacional, 2.5% del total de instituciones que componen la APE estuvieron destinadas a funciones para combatir a la corrupción en el año 2014. Asimismo, un 0.4% de todo el personal ocupado estuvo dedicado a dichas funciones.
Mientras que en Querétaro el porcentaje de personal destinado al combate a la corrupción alcanza un porcentaje de 2.6 de personal destinado al combate a la corrupción, Aguascalientes se encuentra muy debajo de esos niveles, incluso por debajo de la media nacional (0.4), ya que el porcentaje que alcanza en esta materia es de 0.3, similar al de Baja California Sur, Guanajuato y Veracruz, apenas arriba de seis estados que tienen 0.2
En el 2014, Aguascalientes solamente realizó 200 auditorías, contra las dos mil 171 que hizo Coahuila, lo que ubica al estado en el lugar número 14 nacional en la realización de esta práctica para detectar y combatir a la corrupción.
Cuando los servidores públicos incurren en responsabilidades por incumplimiento de sus funciones son sancionados por la Contraloría Interna de sus dependencias o entidades en
los términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en su caso de la legislación aplicable. Las sanciones por falta administrativa a las que pueden hacerse acreedores los funcionarios públicos varían dependiendo la gravedad de la falta, pueden ir desde un apercibimiento o amonestación hasta la destitución o inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
En el año 2014, 10 mil 47 funcionarios públicos fueron sancionados por los Órganos Internos de Control de las dependencias de la Administración Pública Estatal. Durante el mismo año dos mil 593 fueron procesados o imputados; es decir, se les atribuyó la comisión o participación por el delito de responsabilidad de servidores públicos.
En ese mismo periodo, hubo 406 servidores públicos sentenciados, los cuales pudieron ser en sentido absolutorio (liberados mediante la resolución emitida por un juez) o condenatorio. Asimismo, de los servidores públicos que estaban condenados del 1 de enero y al 31 de diciembre del año en cuestión, sólo 81 fueron a prisión por este mismo delito.
Si bien no en todos los casos se trata de actos de corrupción, estos datos sobre el proceso procuración e impartición de justicia pueden servir como punto de partida para analizar de forma particular las sanciones sobre este tema hacia los servidores públicos.
Tania Magallanes con información del Inegi
