- No existe un documento que acredite que el fideicomiso, informó Seguot
- El 26 de diciembre Mopes presentará nuevo amparo ante el Poder Judicial de la Federación
Desde 2010 la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot) no ha contado con la documentación necesaria que acredite el supuesto fideicomiso para la modernización del transporte de Atusa, según reveló Manuel González, titular del Movimiento Popular para la Emancipación Social (Mopes).
Este lunes por la mañana, Manuel González estuvo en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para informar del resultado de la audiencia incidental del amparo en contra del aumento de la tarifa del transporte público presentada la semana pasada.
El titular del Mopes explicó que luego de la audiencia incidental, el 26 de diciembre se llevará a cabo una constitucional donde, de manera definitiva, se resolverá si el incremento al transporte público es legítimo.
En esta ocasión se tendrá que presentar un nuevo amparo en razón de una información que se recibió el 9 de diciembre, “Derivado de las pruebas y alegatos que nosotros presentamos para el amparo, nos dimos cuenta que había ciertas lagunas de información ante lo cual nos dimos a la tarea de preguntarle a la autoridad varías cosas”.
En primer lugar se le cuestionó a la Seguot cómo había sido el mecanismo para autorizar la nueva tarifa ante lo cual se explicó que la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa), sólo tenía que demostrar el resultado de la revista vehicular.
Sin embargo, derivado de una solicitud de transparencia se demostró que los únicos datos que Atusa presentó son los que resultaron de la revista de 2015 en la que de las 700 concesiones que existen, fuera de la norma, estaban 218, sin embargo se omitieron los de 2016.
Debido a que los resultados de 2016 no se exhibieron, no pudo haber un contraste entre lo que estaban planteando los concesionarios sobre su necesidad de incremento y los datos reales efectivos de las condiciones de las unidades, “lo mismo sucede con el tema de las combis y respondieron también a cerca de otras modalidades del transporte público como lo son los transportes escolares, entre otros”.
Mopes solicitó además, información respecto a las particularidades del fideicomiso para la modernización del transporte público con la que desde 2010, Atusa justificó el aumento de 5.5 a 6 pesos.
“No se tenía tampoco conocimiento de las particularidades del fideicomiso, mismas que se establecieron como obligatorias en la publicación del 14 de octubre de 2009, donde se desglosaron conocimientos que se hicieron de carácter obligatorio y acreditadas como lo señaló el Periódico Oficial del Estado, el 9 de agosto de 2010.”
En ese documento se señala, “Mediante documento de fecha de 19 de febrero de 2010, Atusa acredita haber celebrado el fideicomiso con la institución financiera denominada Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, con un documento, mas no dice que documento, ni tampoco cuál es su naturaleza”.
Ante eso, se le preguntó a la autoridad y el comité de transparencia de la Seguot sobre dicho documento para lo que contestó a través de una misiva, “si bien la Dirección General de Movilidad Urbana concentra información relativa al transporte público, no obstante, no se puede tener información relativa a la generada por terceros aun y cuando éstos tengan relación con el transporte público, ya que en la especie se solicita copia de un contrato de fideicomisos celebrado entre la asociación de transportistas urbanos y suburbanos de Aguascalientes, Atusa y el Banco del Bajío S.A.; por lo tanto, dicha información es inexistente”.
Con este respuesta, según Manuel González, la autoridad demuestra que no tuvo ninguna prueba fehaciente de la existencia del fideicomiso desde el año 2010 hasta la fecha, “los ciudadanos en este momento, con esta respuesta, ni siquiera podemos dar por cierto que exista un fideicomiso, por ende quiere decir que la autoridad nada más tiene de dos sopas: o es corrupta, o es imbécil”.
“Son seis años de un engaño que se convierte en un asunto verdaderamente grave para los aguascalentenses puesto que no hay certeza. La autoridad es la que debe demostrar que actuó correctamente, pero no hay prueba fehaciente, ni documental, de que haya realizado tal fideicomiso Atusa.”
