- El secretario de Administración recibió instrucciones de la alcaldesa de detener los despidos masivos
- Antonio Arámbula confiesa que realizó el cálculo sobre las rodillas
El secretario de Administración de la capital, Antonio Arámbula López, se retractó de las declaraciones que emitió hace un par de semanas en las que aseguró que cerca de 700 personas podrían ser despedidas por el cambio de administración, pues se han dado instrucciones de no llevar a cabo despidos masivos.
El secretario de Administración habría comentado semanas atrás que debido al cambio de autoridades cerca de 700 personas podrían ser despedidas en los próximos meses en el municipio, situación provocó inconformidad entre los trabajadores.
Sin embargo, ayer Arámbula López indicó que dicha declaración pudo ser errónea toda vez que fue una apreciación ya que supuso que el diez por ciento de despidos era una cifra normal para un cambio de administración. Al tomar en cuenta que en el municipio laboran cerca de siete mil personas, el cálculo del funcionario resultó en 700 personas.
Luego de corregir su declaración, Arámbula López aseguró que a petición de la alcaldesa, no habrá despidos masivos en el municipio pero sí habrá despidos esporádicos durante los próximos meses, lo cual dependerá de los secretarios y miembros del gabinete.
“Ya estuvimos preguntando y tengo la instrucción de la presidenta de que no hay movimientos, que mantengamos las cosas tranquilas y que no estemos asustando a la gente”, añadió el funcionario.
Comentó también que después de la declaración que emitió sobre los 700 despidos, no ha habido acercamientos por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (Sutema), “Lo que se trata es de conservar la calma y llevar las cosas tranquilas con los trabajadores”.
Se refirió a los once policías que fueron llevados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y que se despidieron de manera injustificada hace más de un par de trienios, por lo que el municipio se hizo acreedor a una sentencia en la que se ve obligado a pagar a los once afectados más de ocho millones de pesos.
Según el secretario, el municipio está viendo las posibilidades jurídicas de contrademandar a la Seido por haberse llevado a dichos oficiales de manera irregular, lo que derivó en la sentencia de ocho millones de pesos.
