- El Poder Judicial presentó un proyecto de infraestructura con capacidad para seis juzgados en la materia
- Hasta el momento, la Federación no ha anunciado apoyo económico a los estados
El nuevo modelo de justicia laboral en Aguascalientes costará por lo menos 50 millones de pesos, estimó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Manuel Ponce Sánchez.
La reforma constitucional que prevé la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que las controversias entre trabajadores y patrones sean dirimidas en tribunales o juzgados, fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se contará con un año para su implementación.
El magistrado detalló que ya se presentó a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sicom) la construcción de un edificio con seis salas de audiencias que permitirán cubrir las necesidades de los próximos diez años. Actualmente se cuenta con cuatro juntas, con un promedio de atención de tres mil 500 asuntos por año. La ejecución de dicho proyecto está cotizada en hasta 20 millones de pesos, a lo que hay que sumar los costos del equipamiento es lo más costoso -cámaras video, equipos de cómputo, entre otros- por un millón y medio de pesos.
Agregó que los gastos operativos de cada uno de los seis juzgados, incluyendo el pago de nómina, son de aproximadamente cinco millones de pesos, considerando una plantilla básica de 20 trabajadores por cada uno. Sin embargo, el personal es uno de los aspectos que aún deben precisarse: “El Poder Judicial tiene procesos de selección de trabajadoras, mientras que los de las Juntas de Conciliación son designado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno (…) en el momento en que la justicia laboral pase al Poder Judicial, absorberemos a todo el personal de base, pero los notificadores, actuarios, secretarios de juntas y presidentes tendrán que ser seleccionados por concursos abiertos de oposición”.
Ponce Sánchez reconoció que, hasta el momento, el Gobierno Federal no ha informado si habrá apoyo financiero para que los estados del país lleven a cabo los cambios necesarios para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral: “El gran problema que tenemos en los Poderes Judiciales de los estados es que la Federación nos arroja cargas que desafortunadamente no van acompañados de programas de apoyo. En todas las reformas que ha habido no se ha apoyado y quien tiene que absorberlo son los poderes de los estados quienes tienen participaciones muy limitadas (…). Si el Gobierno Federal comprendiera que esta reforma impacta y apoyara en la proporción que va a impactar a los estados, estaríamos en otras condiciones”.
“Lo único que sabemos es que las Secretarías de Hacienda y del Trabajo son quienes van a diseñar la nueva reforma y les hemos insistido en que otorguen recursos para infraestructura, pero no lo han señalado concretamente. Nos han indicado que posteriormente establecerán cuáles serán los mecanismos, porque los recursos estatales son muy limitados”.
