Ante tantos cuentos de a dos centavos, como aquellos de que no es posible bajar los precios de los servicios públicos ni de los combustibles; o bien esos otros de que “la gallina de los huevos de oro ya se secó” (sic), será conveniente tener presente el contenido de documentos como el Informe 2015 de la Cuenta Pública, publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y visible en http://www.asf.gob.mx/; mismo que da cuenta precisa de la magnitud del daño patrimonial al Estado mexicano en ese ejercicio.
En términos llanos, dicho documento constituye una radiografía de la corrupción. Si se quiere, matizada con grandes dosis de sospechosa indolencia e ineptitud, pero son más de mil 500 auditorías las que arrojan un panorama oscuro, para decirlo sin exagerar, sobre el uso y el destino de los recursos públicos en los diferentes niveles de gobierno; porque es difícil encontrar en el citado informe algún órgano en el ámbito federal, estatal, municipal o autónomo, que salga bien librado del examen practicado por los auditores.
La larga lista de irregularidades que condujo a que durante el año auditado el erario se viera afectado en unos 165 mil millones de pesos, incluye todas las formas imaginables de corrupción. Y que el informe comentado sea de 2015 es lo de menos, porque no hay ningún motivo para pensar que ese año haya sido diferente a los demás. En tal sentido, los términos del informe bien pueden servir para describir el estado de la “administración” pública del país.
Es así que se tiene información suficiente para saber adónde van los fondos públicos (y esta expresión quiere decir nuestros fondos, es decir, los de todos los mexicanos), sabemos quiénes, cómo y cuánto. Pero ante la magnitud del desastre, esto no es suficiente, pues las acotadas atribuciones de la ASF, su carácter de organismo “fiscalizador” (como el de la extinta Contaduría Mayor de Hacienda), la imposibilitan para tomar medidas urgentes, que por lo demás, es dudoso que los políticos y sus asociados, que son los directamente beneficiarios de la rapiña, le quieran conceder. Y así se interrumpe lo que podría ser un proceso institucional para acotar la corrupción y perseguirla, permitiendo la sanción pronta de todo responsable, sea o no empleado público.
De manera tal que transparentar ante la ciudadanía el modo en que se manejan los recursos del Estado no es suficiente si no se dispone de la articulación legal para sancionar penalmente a quienes usan los dineros públicos para beneficio propio, es decir, para eliminar algo tan pernicioso como la propia corrupción, que es la impunidad.
Los señalamientos de los montos y dependencias responsables son precisos también en el caso de Aguascalientes. Por ejemplo, solo en el todavía inconcluso Hospital Hidalgo, según la ASF, el anterior Gobierno del Estado favoreció indebidamente, a una opaca constructora, ejecutora también de otras obras públicas fraudulentas, como la llamada “Estela de Luz” y aumentó deliberadamente el presupuesto, o como dice la nota en La Jornada Aguascalientes: “Infló Lozano construcción del Nuevo Hospital Hidalgo por 33.5 millones de pesos” (Hilda Hermosillo, 16 de febrero de 2017). Resultado: después de doce años y dos sexenios, que se dice pronto, el hospital de marras no presta todavía un servicio básico que es especialmente sensible para la población, con el consiguiente daño potencial a la salud de los más de un millón de ciudadanos de Aguascalientes. Otro notorio caso de corrupción solapada por años, es el del Instituto de Educación de Aguascalientes, que arrastra múltiples observaciones de la ASF por más de 45,9 millones de pesos (La Purísima Grilla, La Jornada Aguascalientes, 23 de febrero de 2017). Pero los citados ejemplos son sólo botones de muestra de la grave corrupción pública en un estado de la Federación que concentra apenas el 1% de la población del país y un porcentaje parecido del PIB. Piénsese en los casos del Estado de México, con más de 16 millones de habitantes, que equivale a más del diez por ciento de la población total del país, o de Chihuahua, Veracruz o Sonora, por citar sólo otros tres casos más de escandalosa corrupción que se multiplica por todo el país sin control. Y como éstas películas ya las vimos en los sexenios anteriores, habrá que agregar que los procedimientos administrativos sancionatorios que a lo mejor se emprendan contra las y los responsables no son suficientes. Las autoridades actuales tienen la obligación legal de encausar penalmente a los probables responsables y reclamar en todo caso el reintegro de los fondos públicos expoliados. Otra cosa, sería complicidad por omisión. En serio, por allí podemos empezar a desmontar una corrupción tan sistémica como impune.
@efpasillas
