El tema de la corrupción en las finanzas públicas ya es permanente en la agenda pública. Razones nunca faltan, hace unas semanas Transparencia Internacional nos distrajo del culebrón ocasionado por Donald Trump, y nos informó que México había descendido 28 niveles en el ranking mundial de la corrupción, y que del sitio 95 bajamos al 123. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que en 2015 detectó irregularidades por 165 mil millones de pesos en el gasto público de instancias, federales, estatales, municipales y órganos autónomos.
Las declaraciones del auditor superior de la Federación, terminan por reconocer que el erario del país está sometido a un saqueo sistemático. El 2 de febrero de 2017 afirmó a El Universal que esperaba encontrar una mejoría en la cuenta pública, pero que no fue así. Cuando presentó el informe 2014, reportó un posible daño patrimonial de 70 mil millones de pesos (El Universal 18/02/2017), y en 2013 habían detectado irregularidades por 52 mil millones de pesos. Cifras que señalan no solo un desorden en la administración del erario, sino un saqueo sistemático y en ascenso.
La naturaleza de ese problema ha sido tema de análisis y discusión. El propio presidente de la República, Peña Nieto, intensificó la discusión cuando, en célebre entrevista afirmó que el problema de la corrupción en México es de carácter cultural. Ello propició que todos los analistas serios del país, respondieran que la corrupción no es una manifestación cultural sino resultado de un sistema político que tolera, permite y hasta estimula el uso discrecional, deshonesto y patrimonialista de los recursos públicos.
Y ciertamente el sistema tolera el abuso y el apropiamiento de los recursos públicos porque, la diferencia entre las irregularidades cometidas y las localizadas es muy grande, y de las localizadas a las denunciadas es enorme, y de las denunciadas a las castigadas es abismal. Una impunidad casi absoluta.
Pero nuestro sistema político permite esas irregularidades. El ejemplo más socorrido por estos días es el celebérrimo Duarte. Ahora resulta que todos sabían de sus trapacerías pero nadie lo detuvo. La propia ASF desde 2014 había informado que el estado con mayor número de irregularidades ya era Veracruz, sin embargo nadie intervino para detener la sangría y el saqueo. Y así podemos encontrar varios ejemplos y tal vez encontremos un común denominador: ese “dejar hacer” con el erario está relacionado con las coyunturas políticas porque mantener el poder lleva al pragmatismo de usar todos los recursos políticos y económicos, y hacerse de la “vista gorda” es un mecanismo para generar aliados-cómplices, igual que el otorgar nombramientos rentables para el uso discrecional de recursos públicos, con mayor razón cuando se trata de ganar elecciones y se requiere que el dinero lubrique voluntades.
Sin duda no hay mejor estímulo que la opacidad y la impunidad, pero también hay premios. El mejor ejemplo, es el caso de las negociaciones de los presupuestos anuales, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lugar de proponer programas y sistemas de gasto con base en evaluación de resultados, privilegia la asignación de partidas etiquetadas discrecionalmente con la finalidad de favorecer proyectos políticos personales o de grupo.
Frente a un problema tan complejo, la disyuntiva de la nación ya se reduce a la urgencia de detener el deterioro para sanear al país o bien consolidar esquemas de cinismo hasta que caigamos en la total descomposición y en el pronosticado estado fallido. Para bien del país, este será el gran debate de los próximos años.
El maestro Pasillas Pineda, con agudeza política, propone que las autoridades de nuestro estado no se queden en la denuncia mediática o el procedimiento administrativo ante los hechos de corrupción que se han denunciado, sino que, con voluntad política lleguen hasta el castigo de los responsables y al resarcimiento de los recursos desviados. Por supuesto que tiene razón. Pero sin duda harán falta más acciones.
El Sistema Nacional Anticorrupción ya está en la ley, pero aún no empieza a operar. Está concentrando las esperanzas de la sociedad mexicana para salir de ese vergonzoso pantano, y ya dio acertadamente el primer paso al nombrar, en el Comité Ciudadano que lo encabezará, cinco especialistas con autoridad moral y capacidad profesional. Pero falta que en las siguientes semanas se nombre al Fiscal Anticorrupción y sobre todo asegurar que cuente con la autonomía y atribuciones para darle buenos resultados al país.
Pero si el sistema político ha permitido y alimentado el fenómeno de la corrupción, para desactivarlo se requieren medidas políticas, institucionales e integrales. Y hasta ahora, las que se han logrado, en buena medida han sido producto de la presión social. Para avanzar en ellas, se requiere obligadamente de una vigorosa acción ciudadana.
Como dice Pasillas Pineda, esperemos que la autoridad dé muestras reales de combatir la corrupción. También esperemos que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción cubra las expectativas de la nación. Sin embargo, hay que decirlo, ese problema es tan importante que no podemos esperar que lo solucione sólo la clase política; es imprescindible profundizar la acción de la sociedad civil, denunciando, informando, movilizando. Sería altamente positivo que en cada municipio, estado o rincón del país, surgiera un Observatorio Ciudadano por la Transparencia y contra la Corrupción.
@gilbertocarloso
