- Interpondrán queja por violación de amparo emitido por un juez federal para evitar la deforestación del lugar
- También se interpondrá una queja contra el delegado Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, por la violación del mandato federal
El abogado Marco Agustín Ramírez Rodríguez afirmó que a pesar de que el sábado se talaron 221 árboles en el Ejido Ojocaliente -sitio en que se pretende construir la Plaza Outlet Aguascalientes- todavía no se ha perdido la batalla legal.
El amparo para evitar el ecocidio continúa en firme, toda vez que el derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Mexicana, sigue en riesgo de ser vulnerado con la edificación del centro comercial. En caso de que la justicia federal conceda la razón al jurista, podría ordenar la reparación de los daños mediante la reforestación de las 2.4 hectáreas afectadas y concretar el outlet en un espacio que representara un menor impacto ambiental.
En respuesta al juicio 242/2017 promovido por Ramírez Rodríguez, el juez tercero de distrito determinó la suspensión provisional del derribo de 202 mezquites y 19 huizaches y ordenó a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar todos los actos necesarios para impedirlo, lo que finalmente no ocurrió.
Por esta razón, también se interpondrá una queja contra el delegado -Gilberto Gutiérrez Gutiérrez- por la violación del mandato federal: “Una vez que el juez decrete el incumplimiento de la suspensión por parte del delegado, que cayó en omisión por no haber hecho nada por detenerlo, se puede iniciar un procedimiento tanto de responsabilidades, como en materia penal”.
En entrevista con La Jornada Aguascalientes, Marco Agustín Ramírez Rodríguez advirtió que el funcionario federal no puede alegar que no estaba enterado de la resolución judicial, cuando en autos consta que sí fue notificado previo al ecocidio. Las constancias contienen el sello de la delegación: “Lo importante es ver qué día quedó debidamente notificada la Semarnat, pues ese día surte efectos legales y tienen que cumplir inmediatamente con la suspensión. Sabemos que esto se hizo antes de que se llevara a cabo el derribo”.
Si bien la empresa Inmobiliaria Imagen Visión S.A. de C.V. fue partícipe del ecocidio, el especialista en amparos aclaró que la responsabilidad recae en la delegación de Semarnat, pues los particulares estaban en derecho de hacer el derribo. Agregó que si se demuestra que la tala se hizo en medio de irregularidades, se solicitará un proceso contencioso-administrativo con lo que el estado tendrá que pagar para reparar el daño ocasionado, incluyendo a la compañía en mención.
