En un estudio del Banco Mundial de Desarrollo (BID) sobre los costos del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe, encontramos que los países del Triángulo norte de Centroamérica son los que más aportan a los gastos de servicios policiales, administración de penales y al sistema judicial, pues se ha estudiado el caso de 17 países de América Latina en los cuales se han tenido que erogar 236 mil millones de dólares para este rubro, y con esto se encontró que se da un promedio de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); con esto se encuentra que en 2010 los gastos fueron el 2.41 por ciento y en el 2014 el 3.51 por ciento, y con tendencia a seguir subiendo. Estos países de Centroamérica están muy cerca de los gastos de Brasil.
Con estos gastos el porcentaje de crecimiento económico se ve afectado, pues se tiene un crecimiento promedio de cuatro por ciento. Debemos tomar en cuenta que los países desarrollados han invertido en seguridad mucho menos, casi un 50 por ciento. Por ejemplo, Estados Unidos ha sido del 2.75 por ciento, el Reino Unido 2.55 por ciento, España del 2.1 por ciento, Alemania el 1.34 por ciento y Canadá de 1.39 por ciento.
Imaginemos el porcentaje de recursos que está invirtiendo el gobierno de México, pues aparte de los presupuesto para servicios policiales y al aparato de Justicia, habría que agregar los gastos locales tanto de estados como de municipios en este rubro, con la salvedad que la Policía Federal y el Ejército Mexicano están ahora en labores de seguridad pública y habría que cuantificar estos recursos contra el PIB nacional. Hoy nos encontramos que seríamos, en América Latina, el país que más está invirtiendo en seguridad y debemos tomar en cuenta los nuevos penales federales y su administración y el personal especializado para su manejo, sin olvidar que tenemos una población de más de ¡300 mil detenidos! También debemos ver que hay muchos centros penitenciarios con una sobrepoblación tremenda, o bien que son infraestructuras ya obsoletas y se necesita la construcción de un nuevo sistema estatal de centros penales.
Estos fenómenos nos trae, en consecuencia, que muchos programas sociales no se refuercen en virtud de que lo emergente es el sistema judicial, policial y de detención, con lo cual todos los presupuestos son rebasados, y con la centralización de los recursos si no son de los estados privilegiados será muy difícil que salgan adelante.
Importante es comentar que en este estudio no se han tomado en cuenta las pérdidas de los ciudadanos, empresas, hogares y estado a causa de la delincuencia, por ello este importe se dispara y es difícil calcularlo.
