- Aún no quedan claros los alcances de la Comisión Nacional Anticorrupción
- Ésta y no el Ministerio Público debería investigar y perseguir agravios al patrimonio público
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), expuso la posibilidad de que la reforma que el presidente Felipe Calderón planea ejercer sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental empate con algunos conceptos ya existentes dentro de la legislación vigente.
Por medio de una misiva dirigida a la coordinación de la Red por la Rendición de Cuentas, señaló “algunos aspectos específicos”:
La transparencia del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a los estados y municipios, (referidos actualmente en la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).
La presentación específica de la transparencia de los pagos de servicios personales realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), (regulados actualmente por el Presupuesto de Egresos de la Federación).
La obligatoriedad de los gobiernos estatales y municipales, respecto a mantener registros específicos de estos recursos, que se encuentren debidamente actualizados, identificados y controlados, (señalados también en el Presupuesto de Egresos de la Federación).
Así como abstenerse de transferir recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos (igualmente contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación).
Tras el apunte, el funcionario llamó a formar una política pública que parta de diagnósticos adecuados y que evite la fragmentación de esfuerzos. Ambos aspectos son fundamentales, añadió.
“Habría que evitar la duplicidad de conceptos regulados en otros ordenamientos legales, por lo cual se debe llevar a cabo un análisis para armonizar todas las disposiciones”.
A su vez, Portal manifestó la viabilidad de desincorporar del planteamiento del Ejecutivo la propuesta de que la Ley General de Contabilidad Gubernamental sea la encargada de regir sobre el gasto federal que ejercen los estados.
Consideró pertinente que dichos fondos sean operados a través de un ordenamiento legal distinto, como podría ser la Ley de Coordinación Fiscal o la Ley para el Gasto Federalizado.
Este último proyecto, apuntó, ha sido sugerido con anterioridad por la propia ASF.
Ya que esta reforma también contempla la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, se expresa en el documento rubricado la semana pasada: “lo primero que hay que decir es que aún no están del todo claro los alcances que tendrá esta entidad”.
Después de que la Red por la Rendición de Cuentas enviara algunos comentarios a los partidos políticos, la ASF practicó las siguientes observaciones:
“Para encuadrar la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción en el contexto de las propuestas de la Red, evitando la fragmentación y generando incentivos positivos para una rendición de cuentas efectiva, que disminuya la presencia de la corrupción en la gestión pública, dicha comisión debería convertirse en una instancia autónoma que, en su caso, investigara y persiguiera delitos vinculados con la corrupción, y que, al mismo tiempo, se hiciera cargo de las sanciones de responsabilidades administrativas en los tres niveles de gobierno”.
La propuesta original prevé generar una dependencia encargada sólo de castigar los delitos contra el erario, además de facultar al Ministerio Público para su investigación y persecución.
Al señalar que todos los entes de gobierno están sujetos al riesgo que plantea la corrupción, Juan Manuel Portal aseveró que una Ley General de Contabilidad Gubernamental y una Comisión Anticorrupción no suponen la solución definitiva al conflicto.
“Hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, resulta necesario analizar y debatir con mayor profundidad el modo en que los órganos internos de control, responsables de la adecuada implementación y operación de los controles internos, quedarán organizados, en caso de que la Comisión Anticorrupción remplace a la Secretaría de la Función Pública, tal como se ha señalado en la prensa nacional”.
Asimismo, con vistas a satisfacer las demandas ciudadanas, el funcionario federal consideró que en el futuro las contralorías internas deberán tener un peso mucho mayor al que hasta ahora han ostentado.
Por último subrayó “la relevancia que guarda un adecuado proceso de Evaluación de Riesgos de Corrupción al interior de cada entidad y dependencia del sector público, [es] con objeto de reducir los índices de este lesivo fenómeno”.
