- Normalistas debieron ser consignados, señala el titular de derechos humanos estatal
- Hayan sido detenidos o rescatados -como aseguró el municipio- los estudiantes debieron ser puestos a disposición de alguna autoridad
Sin importar si los normalistas de Tiripetío, Michoacán, subieron a las patrullas de la Policía municipal en calidad de detenidos o rescatados, el pasado viernes, los oficiales debieron presentarlos ante alguna autoridad competente, refirió el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes (Cedha), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, al extrañarse de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga no fueran consignados ante la Fiscalía General, el C4 Municipal, la Dirección de Tránsito o la Policía Federal.
Entrevistado momentos después de que el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Benítez López, asegurara que no fueron arrestados sino salvados de un posible linchamiento a manos de vecinos de la colonia Constitución, el ombudsman local recordó que hay fotografías que los muestran esposados en la cajuela de las unidades.
“Las grabaciones muestran otras cosas, las grabaciones tomadas desde el interior de los camiones por algunos de los estudiantes, como de vecinos, muestran que la policía acudió y lo hizo de manera violenta, si los hubieran rescatado y si los llevaban en las camionetas, se pueden apreciar que tenían la cabeza tapada con su camisa, y ya que los llevaban era su obligación presentarlos ante una autoridad ya no debían haberlos dejado en libertad para que esa autoridad verificara su integridad física y para que se hiciera delante de representantes de los jóvenes o medios de comunicación”, dijo tras la firma de un convenio con el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), en entrevista colectiva.
Trascendió que poco después, alrededor de 26 integrantes del movimiento normalista aparecieron en lotes baldíos de diferentes puntos.
Martín Jáuregui informó que en estos momentos se elabora una investigación acerca de probables violaciones a los derechos humanos. Actualmente cuenta con la denuncia de ocho jóvenes michoacanos, el Observatorio de Violencia Social de Género y la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El trabajo podría ser terminado en el transcurso de los próximos 15 días.
Dijo que se prestará especial atención al uso de toletes y chicharras, que están prohibidos por encontrarse catalogados como instrumentos de tortura por la Convención Interamericana de Prevención y Sanción a la Tortura: “En otras ocasiones nos han dicho los jefes policiacos que no tienen autorización para que traigan las chicharras, pero si (los policías) las traen sin autorización, lo que nos están demostrando es que los mandos no pueden cumplir su función y si un mando no es capaz de hacer que sus policías respeten los reglamentos que piense dedicarse a otra cosa”.
El titular de Cedha confió en que la Fiscalía desentrañe por qué las autoridades negaron información, incurrieron en falsedad de declaraciones, así como posibles lesiones y daños a las cosas.
