Como ni los mercados son perfectos, ni la información de lo que hace el resto es completa, y mucho menos la asignación de los recursos es eficiente, siempre es necesaria la intervención del Estado a través de la institucionalidad de las políticas públicas.
En México, actualmente se discute bastante sobre transparencia y rendición de cuentas. Se ha convertido en un discurso consensuado entre quien sale y quien entra. Es decir, entre el Presidente Felipe Calderón y el Presidente electo Enrique Peña Nieto.
A pesar que como en todo, esto puede quedar en retórica, surge una ventana de oportunidad para preguntar: ¿no es momento de, en conjunto con el tema transparentar, dar certeza del cómo se usa y qué efectos tienen los recursos públicos que se emplean a nivel nacional? ¿Acaso no es una oportunidad para posicionar a las políticas públicas como verdadero eje de la gobernabilidad?
La evaluación: factor clave.
Debemos reconocer que México es pionero en América Latina como país que ha echado a andar programas públicos con sistemas de evaluación sofisticados. Esto lo reconoce el BID, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera; no obstante, el caso es aislado y no de completo éxito. Así es. Me refiero al programa Progresa-Oportunidades.
Este programa ha generado efectos positivos y rigurosamente evaluados en el capital humano de las personas. La salud y los niveles educativos de los beneficiarios han mejorado. Pero, ¿y la pobreza?
Aún contamos con más del 40 por ciento de la población por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, el esfuerzo es reconocible, más no suficiente. ¿No es cuestión de alinear las políticas públicas a un objetivo articulado a nivel federal?
Así pues, es cuestión de elevar la discusión. De exigir una coordinación entre el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas acordes a una prioridad gubernamental y al presupuesto público, del cual la ciudadanía merece saber resultados.
Progresa es aislado porque es el único en el que se intentó evaluar rigurosamente y arriesgar el capital político. No sucede lo mismo con otras políticas públicas implementadas al mismo nivel. Basta analizar la regresividad de PROCAMPO, o la mesura de COFETEL para fortalecer de manera eficiente el mercado de las telecomunicaciones.
La coordinación interinstitucional es prácticamente nula. Cada organismo implementa y evalúa su política con base en sus posibilidades, y no con base a un lineamiento meta-institucional. ¿No será hora de avanzar en esta materia, y de realizar una re-ingeniería institucional que fortalezca la coordinación entre los hacedores de políticas? Ya muchos países lo hacen.
Por mencionar algunos, Suiza, Francia y Reino Unido cuentan con organismos autónomos que se encargan de la evaluación y la retroalimentación de políticas públicas a nivel nacional, con el plus de contar con la capacidad de auditar el uso de los recursos públicos a nivel multisectorial.
Si en verdad estamos en la senda del desarrollo, como algunos dicen, entonces: ¿por qué no discutir este tema? ¿Por qué no discutir la creación de un organismo autónomo y empoderado que nos garantice, a nivel federal, el estado de las políticas públicas?
La literatura señala que todo crecimiento económico debe ir acompañado de renovaciones institucionales. Esto implica coordinar instituciones. Requiere de avanzar a una meta-institucionalidad. Quizá es un factor más que nos permitiría dar el tan ansiado siguiente paso: avanzar del crecimiento al desarrollo.n
