El Estado Mexicano, a lo largo de los últimos meses, ha adoptado una posición bastante crítica respecto a los regímenes de diversos países del mundo. Particularmente los casos de Venezuela y Estados Unidos han sido los blancos de nuestras enérgicas condenas por las decisiones de sus gobiernos, particularmente por las violes a los derechos humanos de sus ciudadanos o de inmigrantes en esos países.
Qué fácil nos resulta advertir los errores de los demás, pero los propios errores, qué difíciles son de ver; la moral distraída es sin duda característica de la clase política de nuestro país. Esa es quizá la razón por la cual cuando se violan derechos humanos en otros países nos apresuramos a señalar, mientras en nuestro país eso derechos son violentados un día sí y el siguiente también.
El más reciente caso de violación de derechos humanos fue visible gracias a un reportaje del diario estadounidense The New York Times en el cual se reveló que el gobierno mexicano contrató los servicios de NSO Group, una empresa israelí dedicada al desarrollo de software para desarrollar un implemento de espionaje a través del cual intervenía las telecomunicaciones de periodistas y activistas mexicanos.
El programa es un instrumento a través del cual un malware con fines malicioso opera en los teléfonos inteligentes de los afectados, logrando el acceso de quien lo opera a los mensajes, llamadas, micrófono y cámara del aparato del afectado. Este instrumento, a dicho de NSO Group, puede ser utilizado exclusivamente por los gobiernos que lo contratan y solo para fines de investigación de grupos terroristas y criminales. Lo anterior pudiera hacer pensar al lector que países que sufren de las desgracias provocadas por el terrorismo son los principales clientes de esta empresa de espionaje. Se sorprenderá al saber que México es de hecho el principal cliente de esta corporación representando el 48% de sus ventas.
Más sorprendentes son los fines para los cuales dicho malware fue utilizado por los funcionarios mexicanos. Teniendo un instrumento con un nivel tan avanzado de tecnología, en lugar de utilizarse para acabar con la corrupción en las altas esferas del gobierno o desarticular al crimen organizado, se le dio un uso ilegal espiando a periodistas y a activistas opositores al gobierno federal.
Nombres como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Juan Pardinas (impulsor de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3), el Centro Agustín Pro, el abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, miembros de la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción, entre otros activistas que a ojos del gobierno federal se han vuelto un peligro por sus actividades, son los nombres que aparecen en la lista negra del espionaje mexicano.
La legislación penal en vigor considera un delito el espionaje y la intervención de telecomunicaciones, puesto que vulnera el derecho humano a la privacidad y la garantía de legalidad y certeza jurídica que salvaguarda la Constitución. Sin embargo, también la ley establece los criterios mínimos para la intervención de telecomunicaciones, los cuales establecen que es una facultad exclusiva y expresa de la Procuraduría General de la República. El problema está en que es la propia Procuraduría General de la República quien viola los derechos humanos de los periodistas involucrados al espiarlos e intervenir sus comunicaciones sin que medie fundamentación o motivación de dicho acto.
A esto, debemos sumar el hecho de que México es uno de los países donde es más peligroso ejercer el periodismo, solo por debajo de lugares como Siria, Corea del Norte y Venezuela. Como sociedad, debemos respaldar el ejercicio del periodismo libre, sin censura y libre de todo instrumento de espionaje o control.
