- Iván Sánchez Nájera presentó ayer su Iniciativa de Transporte, propone que los concesionarios necesariamente sean quienes conducen sus unidades
- Se mostró negativo para que pueda subir y aprobarse la propuesta dada la dinámica de la actual legislatura
Este viernes el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Sánchez Nájera, presentó una iniciativa para reformar el sistema de transporte público del estado que eliminaría la figura del gran concesionario con varias unidades y permitiría que sólo los choferes que manejen su unidad sean dueños de la concesión.
El día de ayer el diputado del PRD citó a una conferencia de prensa para dar a conocer su Iniciativa de Transporte que entre otras cosas plantea mejores condiciones de las unidades, mejores condiciones laborales de los operarios, eliminación de concesiones, tarifas cero y sanciones para los funcionarios que no vigilen que se cumpla con la normatividad.
En primer lugar, destacó el diputado, es necesario cambiar la conformación del Consejo Consultivo del Transporte lo cual implicaría aumentarle facultades, integrantes y dotarlos de representación a la sociedad civil así como garantizar que tenga representación en el Congreso toda vez que actualmente no la tiene, así como conformar un Comité de Vigilancia que tendría mayores facultades basadas en garantizar la vigilancia de las condiciones del transporte urbano, pero también en la autorización o la cancelación de las concesiones.
Una de las propuestas que más llamó la atención es la eliminación de los grandes concesionarios, toda vez que este sistema, dominado por la Asociación de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa), ha propiciado que pocas personas manejen muchas concesiones, lo cual además permite la falta de transparencia en el manejo de los recursos que se supondría tendrían que ser invertidos en el mejoramiento del servicio como el caso de la desaparición del dinero juntado por el Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público que, según el diputado, ascendería a más de 200 millones de pesos, toda vez que desde el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat, 50 centavos de cada pasaje se destinan a este fondo.
Todos los fideicomisos que se lleguen a generar e incluso los que el gobierno generará con Atusa, agregó Sánchez Nájera, tendrían que ser públicos y someterse a rendición de cuentas, “En el tema de las concesiones, estamos garantizando que se entreguen exclusivamente a los choferes, que exista un padrón transparente y público de solicitantes que en todo momento pueda ser consultado y que las concesiones se entregue de acuerdo a un orden de prelación”.
Es decir, la iniciativa del perredista, se tendría que enfrentar a los intereses de los pocos concesionarios que manejan los 700 camiones urbanos que transitan por la ciudad para que cada una de estas, si continúan siendo estas mismas, sea manejada por su dueño, hasta cierta hora, y después por alguien que comparta la concesión.
Cada tres años, añadió, las concesiones deberían ser evaluadas. Estas evaluaciones, según la propuesta, definirían si la concesión continúa o no, “Una de las condiciones para que se entregue una concesión o se ratifique es que los trabajadores que estén al servicio estén dados de alta ante el seguro social como trabajadores del transporte público”.
La propuesta también permitiría sancionar a los servidores públicos que no lleven a cabo estas regulaciones pues actualmente no se hace el paso de revista o se hace de una manera superficial, “Cada vez que nos enteremos de una situación así, el Comité tendría la facultades para llevar a cabo y en la misma ley se indica que existan los reglamentos internos en donde se estipularía, puntualmente cada una de las sanciones por no cumplir cada una de las determinaciones”.
Entre las necesidades que no fueron tomadas en cuenta por la propuesta de ley y que según Sánchez Nájera, serían responsabilidad del Comité de Vigilancia, se encuentran el cobro o no de efectivo, el rediseño de las 50 rutas y la implementación de otros sistemas de transporte más eficientes, “Le estamos creciendo las facultades, le estamos garantizando que se reúna cada mes con sanciones si no llega así (…) estos temas puntuales serían los que ellos deberían de trabajar, la ley no la podemos hacer tan específica, hablamos de las condiciones óptimas del transporte, ya las particularidades son las que tendría que trabajar en el comité que estaría compuesto por los representantes del gobierno del estado, por el legislativo y organizaciones civiles”.
Aunque el perredista se mostró negativo para que la reforma se pueda aplicar, dada la dinámica del actual Congreso, confió en que ganará fuerza debido a que el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, ha señalado que el proyecto de movilidad es uno de los ejes que impulsará en su gestión a pesar de que Nacional Financiera sigue dando créditos a los actuales concesionarios.
