- No hay casos en los que se investigue a posibles instigadores, acusa Observatorio de Violencia Social y de Género
- Autoridades, omisas en emitir las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de posibles suicidas
En Aguascalientes, los suicidios no se están investigando por la vía penal con el propósito de fincar responsabilidades, acusó el Observatorio de Violencia Social y de Género (Ovsga).
El estado ocupa el segundo lugar en suicidios de acuerdo con cifras del Inegi -sólo por debajo de Campeche- con una tasa de 8.6 casos por cada cien mil habitantes y sin embargo, la organización consideró insuficiente el trabajo de las autoridades de procuración en torno a este fenómeno.
El artículo 100 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes define como “instigación o ayuda al suicidio” como un delito consistente en prestar auxilio o inducir a otro para que se acabe con su vida y establece penas de dos a cinco años de prisión y de quince a 50 días de multa contra el responsable, así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
“No he sabido de alguien que haya sido siquiera investigado por instigación al suicidio, hemos visto casos como los de una mujer que terminó con su vida en un hotel por la violencia que vivía en su relación de pareja y prefirió tomar su vida por su propias manos que en las manos de él”, apuntó Paulina Díaz Guzmán, abogada del Ovsga, quien lamentó que situaciones de esta naturaleza queden impunes.
Explicó que se debe analizar todo el contexto de cada autoinmolación, ante la probabilidad de este tipo de decisiones haya sido causada por violencias no atendidas y en algunos casos, incluso de violaciones a derechos humanos propiciadas por las omisiones de las autoridades que en ocasiones conocen las situaciones previas y no intervinieren.
Mariana Ávila Montejano, presidente del Ovsga, agregó que este año se presentó el supuesto suicidio de una niña de nueve años que presuntamente sufría bullying y abandono emocional por parte de su familia: “Aquí es un llamado no nada más para las autoridades penales, sino también para el sector educativo, pues vemos niños que se suicidan y no les dan seguimiento, debería de haber áreas en las escuelas donde detecten qué es lo que están viviendo y lo pueden llevar a esto. Hay una ley contra el acoso escolar y se supone también un comité en cuestión administrativa en el IEA, donde incluso participan organizaciones de la sociedad civil sin embargo hemos escuchado que no ha sesionado (…). Se tienen que abarcar cada uno de los niveles educativos”.
El Código Penal marca que si la víctima de instigación al suicidio es menor de 16 años o padece de desarrollo intelectual retardado, se aplicarán de tres a ocho años de prisión y de 20 a 40 días multa al responsable.
