- Alrededor de 25 millones de pesos debería ser el presupuesto de dicho tribunal
- 60% de las impugnaciones electorales permanecen en los órganos locales
Los magistrados electorales Reyes Rodríguez Mondragón y César Lorenzo Wong Meraz advirtieron que la falta del Tribunal Electoral para el Estado de Aguascalientes arriesga el Estado de Derecho, la legalidad y constitucionalidad en la entidad.
Rodríguez Mondragón, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), recordó que la sentencia SUP-AG-52/2017 ordenó al gobernador y diputados locales a que con carácter prioritario y en breve plazo se llevaran a cabo las actuaciones necesarias para que el órgano jurisdiccional cuente con instalaciones, recursos financieros, humanos, materiales y en general con los elementos esenciales para cumplir con su función: resolver controversias electorales.
Previo a la conferencia Garantías de Independencia Judicial y Autonomía Financiera, el magistrado de la Sala Superior fue cuestionado acerca de la negativa del gobierno estatal a presupuestar el monto propuesto por Héctor Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez -integrantes del tribunal local- sin embargo prefirió no responder, para no violentar la autonomía de los poderes en el estado.
“En todo estado de derecho hay controles, pesos, contrapesos, y así como los tribunales del Poder Judicial buscamos que no haya injerencia de otros poderes, lo mismo se aplica para nosotros (…), el Poder Ejecutivo en Aguascalientes es un poder autónomo de una entidad federativa y sólo si hubiera una controversia de la cual tuviera que conocer la Sala Superior del TEPJF yo tendría que pronunciarme al respecto, por dos razones, por pleno respeto a la autonomía y respeto a las autoridades del Estado y porque estoy impedido por ley”, respondió.
La instalación del Tribunal Electoral local es un mandato constitucional contenido en el artículo 126 -reformado en 2014-, agregó el magistrado Wong Meraz, también presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. En entrevista aparte, aseguró que más del 60 por ciento de las impugnaciones electorales permanecen en los órganos locales y la mitad del porcentaje que se recurre a los federales, acaba siendo ratificada.
Apuntó que el presupuesto de un tribunal local debe calcularse con base en las características de cada estado: “El tribunal con los 19 distritos que tiene aquí (en Chihuahua) es muy parejo al que tiene Tlaxcala, más o menos en tamaño trabaja con 25 millones de pesos al año, porque podemos ver los 300 millones que tiene la Ciudad de México o los nueve millones de Baja California con apenas cinco municipios (…). Tlaxcala es semejante a lo que en Aguascalientes se pueda tener”.
La vulneración al Estado de derecho no tiene dos meses -tiempo en que el Senado de la República designó a los tres magistrados electorales- sino que se arrastra desde hace dos años, pues el tribunal debió conformarse en octubre de 2015, “Yo pienso, que el trasfondo puede ser un tema politizado, o bien, ganas de no apoyar a la justicia electoral”.
En mayo los magistrados electorales presentaron una propuesta de presupuesto para materializar dicho tribunal de 36 millones de pesos, que a petición de la Secretaría de Finanzas y el Congreso local, fue reducida a 19 millones; no obstante, se habla de que debido a las condiciones económicas en las que se encuentra el estado, pudiera ser menos a nueve millones de pesos. Ellos aspiran a percibir un salario de 141 mil 675 pesos brutos, el mismo que perciben los demás magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
