A Yolanda y su familia
Las tortugas pueden volar es una película que retrata la situación que viven los niños en el invadido territorio de Irak desde el año 2003. La cinta se realizó con niños actores que realmente han sufrido la guerra y sus terribles consecuencias. Es una película cruda y triste, lector cinéfilo, que denuncia las prácticas terroristas utilizadas por los “libertadores” y que rinde homenaje a los niños que viven la guerra. Durante los años 2007 y 2008 tuve a mi cargo una Dirección General en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se encargaba, entre otras actividades, de impartir cursos, talleres y conferencias dirigidos a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que a lo largo y ancho del territorio nacional se especializan en temas vinculados con el estudio, promoción y difusión de una cultura del respeto por los derechos humanos; dentro de algunos talleres en los que se abordaban temas relacionados con los derechos de los niños, proyectábamos películas como la citada, utilizando el cine como una herramienta didáctica.
“¿En qué momento se había jodido el Perú?”, así reflexiona el personaje de Santiago Zavala en el inicio de la impecable novela Conversación en la Catedral, del Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa, novela editada por primera vez en el año de 1969. Es pertinente la cita y cabe la pregunta: ¿En qué momento dejó Aguascalientes de ser un lugar tranquilo para vivir? Yo estudié el bachillerato en la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, recuerdo que mi padre El Arqui y José Luis (papá de mi vecino Alejandro) se turnaban para darnos un aventón en las mañanas; cuando le tocaba a José Luis dar el aventón, mi hermano Jorge y yo caminábamos a la casa de Alejandro y nos subíamos al coche de José Luis, que nunca guardaba en la cochera y siempre dejaba con las ventanas abiertas, más tarde salían Alejandro y su papá, este último con una enorme taza de café frío con leche endulzada con una copa de anís que acompañaba en el camino con un enorme cigarro. Creo que ya nadie deja su coche estacionado en la calle y con las ventanas abajo toda la noche. Saliendo de la prepa yo acostumbraba regresar a casa caminando, tomaba Independencia y cruzaba todo el centro, caminata que en muchas ocasiones hice con Verónica Abril, compañera desde la prepa hasta la universidad.
En el mes de febrero del año 2007, la prensa nacional informa que Aguascalientes se tiñe de rojo, una balacera frente a la Universidad del Valle de México deja cuatro policías muertos y cinco heridos, los policías fueron abatidos con rifles AK-47, dicho acontecimiento fue declarado por muchos analistas como la confirmación de que la tierra de la gente buena había dejado de ser el lugar más tranquilo para vivir. Ese día la realidad nacional nos alcanzó y le entregaron a la “Suiza de México” su acta de defunción. Alrededor de dicho incidente queda el recuerdo de amigos como Jorge Quezada y Gerardo Medrano, víctimas de una ola de violencia que ahora forma parte del terruño y que, como el cuento de Cortázar, nos confirman que desde hace tiempo la casa está tomada.
El pasado 27 de julio, Andrea Nohemí Chávez Galván, de 17 años salió al medio día de la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se enfiló por avenida Independencia rumbo al centro para acudir a una clase de teatro a la que nunca llegó, nadie sabe hasta el momento nada de su paradero.
A la luz de los acontecimientos intratables en torno a la desaparición de Andrea, resulta indispensable que autoridades y ciudadanos elaboremos un protocolo a seguir para denunciar, investigar y conducirnos ante este tipo de situaciones; claro, siempre bajo la dirección de una autoridad calificada y entrenada para tales efectos. Si usted aborda un avión, lector viajero, las aeromozas le comunicarán que en caso de pérdida de presión en la cabina de la nave usted requerirá oxígeno complementario y que en tal supuesto deberá colocarse una mascarilla que se encuentra alojada en un compartimiento sobre su cabeza, es éste un protocolo de seguridad. Resulta que si una menor de edad desaparece, las autoridades deciden, en la mayoría de los casos, esperar 72 horas para ver si a la desaparecida no se le ocurrió irse de pachanga, mientras tanto sus familiares y amigos se consumen en una asfixiante desesperación e impotencia.
El pasado 14 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Dicha ley señala, entre otros, como principios fundamentales los siguientes: I).- Máxima protección: entendido como la obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales. II).- Debida diligencia: que consiste en la obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. III).- Interés superior de la infancia: entendido como la obligación del Estado de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico.
Andrea es una víctima y sus padres son los ofendidos ante su desaparición, existen muchas líneas de investigación, la trata de personas no puede descartarse a priori y, en consecuencia, debe aplicarse la citada ley, misma que señala además la Garantía de no revictimización, que consiste en la obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma.
Esta semana, el destacado periodista Matías Lozano publicó en su columna en El Heraldo, una nota en la que da a entender que si Andrea Nohemí no regresa con sus familiares es porque ella así lo ha decidido, mala nota de un periodista que tiene el talento de emular a destacadas plumas como Francisco Zarco o Miguel Ángel Granados Chapa, y que prefirió con un comentario desatinado y chabacano trivializar un tema tan delicado.
El Arqui ya murió, mi vecino José Luis se quedó sin coche hace tiempo, las tortugas no vuelan, Andrea no aparece y mis hijos tendrán que pensar dos veces si caminan por la avenida Independencia a las dos de la tarde cuando salgan de la prepa. ¿En qué momento se jodió todo? ¿Qué hacemos? Ojalá, como dice Sabina, mientras tanto, que algún día los que matan se mueran de miedo.
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