- Se requiere actualizar el modelo de distribución de recursos
- Defiende delegado del INE presupuesto solicitado: “Las elecciones de México son las más baratas del mundo”
Para el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Ignacio Ruelas Olvera, cortar de tajo el financiamiento público a los partidos políticos no es sano para la democracia mexicana.
El especialista en materia electoral dijo que, en todo caso, se requiere actualizar el modelo de distribución de recursos a uno acorde las circunstancias del siglo XXI, toda vez que los partidos políticos “son maquinarias que deben de tener una estructura de gasto corriente (…) en algunos países el financiamiento surge de los rendimientos que dan papeles bancarios y hay otros en donde el financiamiento público sólo opera en años electorales y otros donde el financiamiento privado es la parte fundamental”.
Ruelas justificó el monto asignado al árbitro electoral en el ámbito nacional para el proceso 2017-2018 de 25 mil millones de pesos -el más alto en su historia- con el argumento de que enfrentará tareas que no le corresponden: “Son las elecciones más baratas del mundo, pero (el INE) administra tiempos de televisión del estado mexicano, entrega credenciales para votar con fotografía, fiscaliza recursos de los partidos políticos, administra los recursos fiscales para los partidos, son una serie de actividades que no corresponden al procedimiento electoral”.
“¿Por qué el Instituto entrega la credencial para votar? Cuando en todos los países democráticos se vota con la cédula de identidad. ¿Por qué el Instituto cuestiones jurisdiccionales cuando existen tribunales? Es un tema del legislador”, agregó.
Agregó que si bien el monto pareciera excesivo, en realidad corresponde al 0.0032 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir, 32 centavos por cada cien pesos. Si la consigna es bajar sus recursos, el poder legislativo debe entonces retirar las encomiendas asignadas en la última Reforma Electoral, “pero no nos inmutamos cuando las colegiaturas que pagan quienes más tienen, son regresadas vía devolución de impuestos a quienes significan 15 mil millones de pesos”.
En Aguascalientes, la delegación tiene un monto asignado por el orden de los 70 millones de pesos.
Por otro lado, el catedrático consideró que los partidos políticos están en su libertad de ceder parte de sus prerrogativas a las víctimas de los sismos ocurridos en el mes de septiembre, sin embargo tienen que litigar que esos recursos sean canalizados al fondo de reconstrucción: “También existe la posibilidad de que el financiamiento público desaparezca, porque si los partidos políticos hacen una estructura legislativa por la cual se puede dar de baja el financiamiento también lo pueden hacer de manera rápida, tenemos ejemplos de procedimientos que se han podido hacer así. Tienen una tercera vía, el artículo 29 de nuestra Constitución señala los procedimientos que se pueden hacer en casos de emergencia como el que estamos viviendo (…) para sustraer todos los recursos necesarios al fondo de reconstrucción”.
