Caminar por las calles de Barcelona, recorrer su turístico, pero esencial Paseo de Gracia, admirar sus majestuosas e imponentes Santa María del Mar o Sagrada Familia, sentarse tranquilamente en el parque Güell, no sólo es placentero por su hermosura, se palpa además, ese nacionalismo que ha salido a flote de forma contundente con el referéndum para la independencia de la región de Cataluña, las banderas de barras y estrellas se aprecian por doquier, en los balcones de los edificios multifamiliares, cuelga más de uno de estos gallardetes, no sólo es la rivalidad del Real Madrid y el Barça o la prohibición de las corridas de toros, se respira una auténtica idea de separación.
Hay dos argumentos principales de quienes están en contra de la separación, uno jurídico y otro histórico. El primero se basa en que la Constitución española no contempla la figura del referéndum. El histórico apela a los cientos de años de cultura conjunta, Mario Vargas Llosa afirma que no se puede justificar “la pretensión de cortar de manera unilateral quinientos años de historia común y romper con el resto de una comunidad que está presente e imbricada de mil maneras en la sociedad y la historia catalanas”.
Eppur si muove, la unificación de España fue a base de batallas y complicados mecanismos legales, la historia de los Reyes Católicos así lo demuestra, la entretenida serie Isabel narra justamente los intrincados procedimientos que se tuvieron que lidiar para poder hablar de una sola España. Tres temporadas que no tienen desperdicio, no se reparó en los detalles para lograr una producción que respeta los hechos históricos y logra darles una extraordinaria emoción, las épicas peleas a que se enfrentaron Fernando e Isabel nos hacen preguntarnos ¿Es la complejidad del nacimiento de la unión, el pretexto para conservarla o para terminar con ella?
El conflicto que ha desatado la intención de independencia de esta región autónoma, tiene además, connotaciones de fondo en materia constitucional, pues se abre una brecha importante entre derecho y política ¿Puede el pueblo pedir algo que no contempla la ley? ¿Mandan las mayorías aún por encima de lo que dicta la Carta Magna? ¿Es el voto la máxima decisión en una organización política? A la luz de la moderna teoría constitucional la respuesta es no, en un estado democrático, por contradictorio que suene, las mayorías no gobiernan, el dictado de las asuntos públicos es mediante el estado de derecho, es decir, a través del conjunto de preceptos que instituyen las reglas de cómo se accede, se ejerce y se limita al poder, por lo que, ni cientos de votos, firmas o modernas peticiones en www.change.com, pueden ir en contra de la norma de derecho positivo.
¿Se puede terminar con el pacto que une a una nación? Hobbes sostenía que el ser humano es malo por naturaleza, por ello y para evitar que el hombre sea el lobo del hombre (homo homini lupus) la comunidad decidió hacer un pacto social cediendo el poder al gobierno, pero una vez consentida la soberanía, no la puede recuperar. Rousseau por su parte, sostiene que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, que mediante el contrato social se transfiere, pero en todo momento la comunidad puede modificar o alterar la forma de su gobierno. Desde una visión de Hobbes, la independencia de Catalunya no es posible, desde la de Rousseau sí.
Contradictoriamente, nos enfrentamos a un aparente conflicto entre la democracia y el derecho, los países occidentales con más tendencia liberal lo han resuelto permitiendo que los habitantes de las regiones que se quieren independizar, tomen su propia decisión a través del voto, el reciente caso de Escocia en el Reino Unido o el referéndum de 1995 de Quebec en Canadá, así lo demuestran. Por el contrario, tenemos a Estados Unidos (su Guerra de Secesión) y España, que han mantenido la unión que ordena la Constitución, a sangre y fuego.
El debate cobra relevancia en México, pues podemos aplicarlo perfectamente al financiamiento de los partidos políticos, nuestra Constitución, las leyes y casi la unanimidad de los especialistas en la materia, dicen que no debemos cancelar el dinero público, pero el pueblo quiere otra cosa ¿Qué hacer? Personalmente me inclino por el estado de derecho, sin embargo, siempre queda una espinita pues, en el fondo, nuestra tradición política se basa en el viejo aforismo latino: vox populi, vox dei.
