La cinta Lo negro del negro Durazo (1983) aunque pasó sin pena ni gloria, implicó develar públicamente lo que ya se sabía a voces: la enorme corrupción del régimen hegemónico del siglo pasado en nuestro país, el caso del ex jefe policiaco del Distrito Federal revelado primero en el libro de José González González y luego hecho película, fue la gota que derramó el vaso en una sociedad hastiada de los excesos de funcionarios públicos, el fastuoso Partenón en Zihuatanejo será un ominoso ejemplo de la problemática. Entonces, comenzaron las promesas de combatir la corrupción, Miguel de la Madrid y su renovación moral, implementó por primera vez la contraloría interna y trajo al texto constitucional un conjunto de responsabilidades de los servidores públicos. Sobre el Negro, hay además un documental de Mauricio Katz, Verdaderamente Durazo.
En la medida que fueron avanzado las administraciones presidenciales siguientes, se integraron un conjunto de elementos cada uno con la finalidad de dar respuestas a las quejas ciudadanas, para abatir los actos deshonestos. Es importante destacar que lejos de lo que pudiera creerse, el recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción, no es por sí mismo la panacea, sino un eslabón más de un conjunto de reformas que han ido orquestando una serie de sistemas y subsistemas que obedecen a una respuesta constitucional de los ejecutivos en turno, que a una auténtica configuración de una rendición de cuentas. Efectivamente, consideramos que al día de hoy podemos ver seis grandes conjuntos de acciones en nuestra Carta Magna: 1. Sistema Nacional de Fiscalización; 2. Sistema Nacional de Transparencia; 3. Sistema Nacional de Planeación Democrática; 4. Sistema Nacional de Armonización Contable; 5. Responsabilidades de los Servidores Públicos; 6. Sistema de Evaluación del Desempeño, y 7. Sistema Nacional Anticorrupción.
El objetivo de las sucesivas reformas ha sido fortalecer los tres pilares de la rendición de cuentas de que hablan López Ayllón y Merino: a. Información: necesitamos datos eficientes, eficaces y concretos sobre la actividad estatal, en este sentido establecimos la transparencia, el acceso a la información, la planeación democrática y la armonización contable; b. Justificación: por otra parte esa información debe ser correctamente justificada en el ejercicio de la función pública, para ello, tendrá que cumplirse con las directrices justamente de la planeación democrática y presentar los datos financieros armonizados, esto permite que la información de todo país, esté perfectamente cuadrada y homologada, desde los ingresos, su ejecución y la publicación de los resultados. c. Sanción: por último, los resultados tienen que ser evaluados, primeramente por instancias técnicas del propio ejecutor del gasto, para comprobar su desempeño, es decir, el cumplimiento de los objetivos de la planeación y, además, por la entidades externas de fiscalización, que revisan, además del desempeño, que los actos se ajusten a las leyes y que no haya desvío de recursos. Esto último a través de auditorías de legalidad, financieras y del desempeño. En caso de resultados negativos, se tendrá que sancionar al servidor público mediante la responsabilidad penal, la administrativa o el juicio político. Este ciclo de información-justificación-sanción, tiene que ser cumplido por la federación, estados y municipios, así como por sus dependencias y entidades y de igual forma aplica para los órganos autónomos previstos en la Constitución.
Todo lo anterior, es una síntesis bastante simple de lo que el legislador ha querido implementar como sistema nacional de rendición de cuentas, sin embargo, se percibe cierta descoordinación real o al menos la falta de una directriz clara y concreta que lleve todos los anteriores esfuerzos. Esto provoca ciertos peligros: 1. Reunionitis e informitis: la mayoría de los sistemas evocados, obligan a los entes públicos a una gran cantidad de juntas, reuniones y emisión de informes. 2. Burocratización: para cumplir con lo anterior, se está gestando una fuerza laboral hiper-especializada en cumplir con los requerimientos de los sistemas. 3. Multiplicidad de normas: debajo del andamiaje constitucional, vienen una apabullante cantidad de ordenamientos, lineamientos, circulares y reglamentos que aumentan el ya de por sí complejo mundo jurídico.
¿Qué puede suceder si no se coordinan realmente los esfuerzos? Lo que señalan López Ayllón y Merino en la excelente obra colectiva La estructura de la Rendición de Cuentas en México (puede ser consultada gratuitamente en la página del CIDE o de Jurídicas de la UNAM): se acaba “conformando un conjunto de normas y procedimientos que se explican a sí mismos sin ningún otro propósito que justificar el trabajo burocrático. Un sistema que dice combatir a la corrupción mediante una enorme cantidad de disposiciones de orden administrativo, cuya multiplicación, fragmentación e incoherencia no sólo producen ineficacia, sino que, paradójicamente, lo incapacita para acabar con la corrupción”.
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