- Conacyt sólo cuenta con el 33 por ciento de los recursos públicos para ciencia y tecnología, y es importante que tenga por lo menos el 50 por ciento
- Se podría construir un Sistema de Ciencia y Tecnología más robusto en el que participarían instituciones gubernamentales, la academia y el sector privado
En 2002 entró en vigor la Ley de Ciencia y Tecnología, un instrumento que dio origen a una serie de cambios trascendentes en el ámbito nacional para impulsar la ciencia y la tecnología. A 15 años de su creación es necesaria una reforma, plantearon científicos, funcionarios y líderes empresariales.
Durante la mesa de análisis Acciones prioritarias para el fortalecimiento del marco institucional para la ciencia, tecnología e innovación, Sergio López Ayllón, director del consejo directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que en su momento, la Ley de Ciencia y Tecnología rompió muchos paradigmas y las formas de organización, pero hoy en día necesita algunos ajustes estructurales. Detalló que existen dos ejes para consolidar el Sistema de Ciencia y Tecnología en nuestro país: “Necesitamos un horizonte de planeación a largo plazo desvinculado de los circuitos sexenales, ya que el horizonte de maduración de los proyectos científicos son largos, además es necesario porque cuando los recursos llegan y no hay una planeación, se utilizan mal, por lo que necesitamos identificar cuáles son los nichos en los que este país debería de invertir, aquellos en los que tengamos ventajas competitivas para que sean palancas de desarrollo. En segundo lugar, necesitamos fortalecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para darle más autonomía dentro de la unidad que representa el Sistema de Ciencia y Tecnología”.
Actualmente se podría construir un Sistema de Ciencia y Tecnología mucho más robusto en el que participarían las instituciones gubernamentales, la academia y el sector privado a fin de tener un organismo plural en el que el eje rector sería el Conacyt, “quien tomaría las dos decisiones más importantes: la planeación y el gasto del presupuesto que está presente en el Ramo 38. Eso ya está en la ley pero no sucede”, lamentó el investigador.
López Ayllón dijo que de lograrse estos dos elementos, se daría un paso muy importante, además de hacer cumplir la ley ya que mucho de lo que esta dice no se cumple. Para ello, es necesario mejorar el diseño institucional, ya que las instituciones sólidas son el resultado de los procesos de maduración y de construcción institucional en donde se van perfeccionando las políticas.
Elías Micha Zaga, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, resaltó que en este momento Conacyt sólo cuenta con el 33 por ciento de los recursos públicos para ciencia y tecnología, cuando lo ideal es que tenga por lo menos el 50 por ciento.
Consideró que el Consejo General (órgano máximo de decisión del sistema de CTI que encabeza el presidente de la República) debe modificar su composición, es decir, integrar otras entidades para hacerlo más plural, sesionar más veces al año y poder intervenir en la decisión para elegir al nuevo coordinador del Consejo (que corresponde al director del Conacyt). Propuso que el nombramiento sea transexenal, con la posibilidad de ocupar el cargo durante ocho años. Esto consolidaría una política de estado en materia de ciencia y tecnología en nuestro país. Agregó que es necesaria la participación de los estados en el diseño de las políticas públicas. “No hemos llegado al uno por ciento (del Producto Interno Bruto para ciencia, tecnología e innovación) porque no todos contribuyen de la misma manera. Es necesario tener ideas audaces para que los estados y municipios puedan contribuir con un mayor recurso al financiamiento de la ciencia y la tecnología. Está clarísimo que este país nunca va llegar al uno por ciento si no hay una participación decidida de los estados”.
Sin embargo, esto no es suficiente para detonar la innovación en nuestro país, pues la colaboración entre las empresas y las universidades aún es limitada por el conflicto de interés respecto a si se deben o no usar recursos públicos para generar una patente, por lo que las universidades deben trabajar en su propia legislación para que esta colaboración fluya, planteó Teresita Corona, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México.
Al respecto de la vinculación academia-empresa, Rodrigo Castañeda Miranda, vicepresidente nacional de Innovación, Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación dijo que lamentablemente entre la mayoría de las empresas mexicanas no existe una cultura de innovación, por lo que el primer paso para establecer esta vinculación sería fortalecer dicha cultura. El segundo paso, continuó, es conocer la infraestructura científica del país y usarla, ya que muchas empresas desconocen la existencia de laboratorios con quienes podrían colaborar.
Ramón Muñoz Gutiérrez, presidente del Centro de Innovación y Paradigma, mencionó que “para construir un ecosistema nacional innovador se requiere promover la innovación como cultura, enseñar habilidades para innovar, reconocer a los innovadores, estimular la inversión privada y globalizar la innovación”.
Con información del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
