- Las medidas van desde algunos días de suspensión sin goce de sueldo, hasta la inhabilitación por once años
- En el listado aparecen tres trabajadores de la Fiscalía y cuatro del Poder Judicial de la Federación
- La petición de sobornos y moches es una de las principales violaciones cometidas por empleados estatales, municipales y federales
Entre enero y septiembre de 2017, trece servidores públicos estatales, municipales y federales enfrentaron sanciones administrativas como consecuencia de conductas ilícitas, según un informe de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirecu).
Las medidas impuestas van desde algunos días de suspensión sin goce de sueldo, hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por once años.
El listado de funcionarios sancionados, que también especifica nombres y cargos, establece que la principal violación más frecuente fue contra el artículo 8 fracción VII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que describe moches y sobornos: “Todo servidor público tiene la obligación de abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí (…) que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto”.
Por lo anteriormente mencionado, el administrador de una Unidad de Especialidad Médica de Enfermedades Crónicas del Issea fue suspendido tres días, a solicitud de la Contraloría Interna de la institución.
Por causas similares, dos agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado fueron sancionados por la vía administrativa, uno de ellos recibió una amonestación privada y el otro suspendido por 15 días sin goce de sueldo. Además, un subinspector fue inhabilitado por un año, por no presentar su declaración patrimonial como lo establece la nueva Ley de Responsabilidades del Estado de Aguascalientes.
Un secretario de tribunal y un actuario del Poder Judicial de la Federación (PJF) fueron destituidos e inhabilitados por órdenes del Consejo de la Judicatura Federal; y otro secretario fue impedido para ocupar cargos en el servicio público por un periodo de once años, entre otras causas, por ejercicio indebido, malos tratos e incumplimiento de disposiciones.
Otros dos funcionarios del PJF, específicamente un subdirector de área y un director de área con puesto de confianza rango D fueron inhabilitados por un año, a solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras haber incurrido en diferentes negligencias administrativas.
Un jefe de departamento de Desarrollo Social del municipio capital fue imposibilitado para trabajar en el gobierno por un año a causa de prácticas relativas a la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de documentos.
También un director de Obras Públicas de Pabellón de Arteaga recibió una sanción no especificada a consecuencia de una resolución de la Auditoría Superior de la Federación.
Dos empleados del ayuntamiento de San Francisco de los Romo, un agente de seguridad pública y un jefe del departamento de Ecología de la Dirección de Servicios Públicos fueron inhabilitados por seis y tres meses -respectivamente- por causas que no se especifican.
Los datos al cierre de 2017 aún no son actualizados por la Sefirecu.
