- Debido a que se trata de una jurisdicción diferente, no se puede tomar como reelección: Ignacio Ruelas
- El vocal ejecutivo del INE recordó que los funcionarios, por ley, sí están obligados a dejar el cargo para contender en la elección
Los diputados que pretendan contender por una senaduría o diputación federal en los comicios de 2018 sí tendrán que separarse de las curules.
Si bien la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los representantes populares que pretendan repetir en el Congreso del Estado no tendrán que abandonar sus cargos para hacer campaña, esto no aplicará para quienes aspiren a los puestos federales, aclaró Ignacio Ruelas Olvera.
El presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que esto se debe a que se trata de diferentes jurisdicciones: “A mí el ciudadano me dio una responsabilidad local y aunque ahora aspiro, ese ciudadano no de esa misma demarcación sino de una ampliada”.
Recordó que la sentencia de la Sala Monterrey está respaldada por la jurisprudencia 76 de emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que prohibió las licencias forzosas en el estado de Yucatán: “Siguiendo la tradición folclórica mexicana de que todo mundo se debe separar, la autoridad jurisprudencial dijo no espérame porque él ya está electo y va a reelegirse, esa es la primer premisa, la segunda es que los cargos de elección popular son irrenunciables, entonces al interrumpir un cargo de representación popular en la soberana representación popular le encontraron un contrasentido”,
El también catedrático también aclaró que la resolución del máximo tribunal no beneficia a servidores públicos, quienes continúan obligados a solicitar permiso para separarse de sus puestos antes de hacer campaña. Lo anterior contrasta con otros países como Estados Unidos, donde incluso gobernadores y presidente pueden ser candidatos durante sus actividades.
–¿Se corre el riesgo de que esto se preste a mal uso de los recursos públicos?
–La SCJN ponderó con toda claridad su decisión (…). Yo creo que fue valorado por el juzgador y deja que el político asuma responsabilidades de orden ético y moral. En lo ético, por cuanto a que debe nacer de ellos el respeto a lo que no es de ellos, el respeto al patrimonio de los demás, la hacienda pública. También una respuesta de orden moral en el sentido de que el que vota es fundamental en una democracia, porque es el que decide, no solamente vota, también debe decidir y es el representado.
