- Instituciones de seguridad e impartición de justicia es donde más se practica la tortura
- Necesaria la implementación de protocolos que regulen la fuerza pública
Erradicar la práctica de la tortura en el país implica un cambio estructural y significa que las instituciones deben de transformarse y reeducar a todos sus funcionarios, señaló la senadora Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Derechos Humanos.
Al recordar que la tortura tiene la característica de que es perpetrada por agentes del estado, con elementos ancestrales, por esto el trabajo para erradicar y prevenir estas prácticas está en todo el mundo, dado que los estragos que deja en las personas que la padecen son terribles, tanto de índole física, sino también sicológica y en algunos casos sexual.
Pese a que la ley que castiga las prácticas de tortura es “muy buena”, calificó la legisladora, son necesarios los cambios estructurales en todas las instituciones, particularmente las que tienen que ver con la seguridad y la procuración de justicia, así como todos los funcionarios que tienen algún encargo de trato servicio directo con la población, ya que también se han detectado casos de tortura en hospitales siquiátricos: “Sigue siendo importante el erradicar este fenómeno, pues por desgracia sigue siendo una forma de utilizar para obtener confesiones; ese es uno de los problemas más graves que debemos enfrentar en nuestro país”, manifestó la congresista.
Externó que si bien hay torturadores que pretenden no dejar huellas visibles en sus víctimas, aún hay policías que ejercen esta práctica con tal brutalidad que dejan deterioros notorios e inclusive irreversibles, por ello festejó los pasos que en Aguascalientes se han dado por parte de Jesús Eduardo Martín Jáuregui como ombudsman, para señalar estos casos y que se entienda que la ley debe ser aplicada y se sancione a la cadena de mando al emitirse una orden de tortura.
Recordó que la Ley contra la Tortura impone una agravante en los casos de que se realice esta práctica en personas menores de edad, una mujer embarazada, violencia sexual y en situación de vulnerabilidad por su etnia o por preferencia sexual.
Angélica de la Peña destacó que se realiza un trabajo muy importante para que este mecanismo de prevención en realidad funcione, pese a las críticas al mismo las autoridades deben atender el reclamo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de manera particular lo que señala la ley para castigar a los funcionarios, cualquiera que sea el nivel.
“Por desgracia es en ámbito de las corporaciones policiacas, tanto a nivel municipal como a nivel estatal no están formados para hacer un uso moderado de la fuerza pública; la situación de que se establezcan protocolos para el uso de la fuerza pública son necesarios para que no se vulneren los derechos humanos”, consideró la legisladora.
Destacó que hoy, gracias a la Ley contra la Tortura, los jueces cuando reciben un caso que se aduce el uso dela misma, lo desecha, pero a partir de lo que dice la ley no solo se desestima, sino que se castiga y se persigue de oficio al funcionario que sea señalado de practicar a tortura.
