- Fiscalías requieren una transformación estructural para hacer efectiva la autonomía de los ministerios públicos
- Se heredará este pendiente a quienes integren el Congreso de la Unión y a quien asuma la presidencia de la República
Frente a la reforma constitucional en materia de Mando Único que en su momento envió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Senado, se discutió más de un año en foros y audiencias con presidentes municipales de diversa índole, aquellos de limitada demarcación y habitantes, de pueblos indígenas y de todas las características, al ser los más cercanos a la población, enfatizó la senadora Angélica de la Peña Gómez; también se dialogó con gobernadores, académicos, constitucionalistas y expertos en materia de seguridad pública antes de concretar el dictamen.
Se emitió lo que se conocía como Reformas Constitucionales en Materia de Mando Mixto; en el transitorio de esa reforma se establecía la importancia de hacer una Ley Nacional de Seguridad Pública, ya que se observó como uno de los problemas latentes la falta de articulación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno en las corporaciones policiacas, además de fortalecer a los municipios pequeños por sus limitados recursos económicos, subrayó la representante de San Lázaro por el Partido de la Revolución Democrática.
Se propuso articular coordinaciones intermunicipales y las coordinaciones metropolitanas, que son dos cosas distintas; los senadores preponderaron la importancia de la Policía de proximidad, las acciones correspondientes a la Policía municipal, la preventiva que es la que tiene cercanía con la gente, para establecer los criterios bajo los cuales deberían tener un contacto permanente con los ciudadanos; cuando se rebasara ese ámbito de la atención de la seguridad pública, se recurriría a otro tipo de policías que enfrentarán problemas mayores, como el robo a casa habitación, pero a todas se les daría su lugar en el entendido de que son importantes, destacó la perredista; “les dábamos el mismo estatus de importancia, no una más o una menos, de tal manera que la profesionalización de esas policías era necesaria”.
Sin embargo, la minuta de esta propuesta fue desechada por la comisión responsable en la Cámara de Diputados, aunque no en el Pleno, pero se avocaron a lo que conocemos como Ley de Seguridad Interior, lamentó la senadora, pues se mezclaron en esta las problemáticas que exponían en la propuesta de Ley Nacional de Seguridad Pública, con una militarización que en nada tienen que ver, recalcó. “No se está resolviendo el problema de inseguridad pública que tenemos en el país; estamos frente a un desastre que hay que corregir”, urgió.
De la Peña Gómez subrayó que a esto se suma el grave problema de corrupción con que se toman las decisiones que afectan al país, ya que en el caso de los fiscales, que son quienes deben abonar al grave problema del narcotráfico y la delincuencia organizada con la procuración de justicia pronta y expedita, son nombrados a modo de los gobernantes en turno, sin respetar la autonomía que debe imperar en estas instancias.
Precisó que son dichos funcionarios quienes deben dar lugar a la transición que establece la constitución de que las Procuradurías Generales de Justicia en las entidades se conviertan en fiscalías, sin embargo condenó que así como en el último periodo de sesiones del Congreso de la Unión , el PRI y sus aliados, con una mayoría calificada, aprobaron la Ley de Seguridad Interior, pretendan hacer lo mismo con la Ley Orgánica de la Fiscalía de la República, sin que se haya modificado en la constitución el pase automático del procurador que se quiere quitar, a fiscal; “sobre todo darle contenido de cuáles deben ser las características de esa Fiscalía acorde a lo que la constitución ya establecía”.
Reconoció que será un tema pendiente que se herede al próximo sexenio, para lograr que las fiscalías de las entidades federativas se transformen estructuralmente y no solamente sea el cambio de membrete para seguir haciendo lo mismo; “tenemos que sentarnos a discutir de manera docta en cómo transformar la Procuraduría de Justicia, la procuración de justicia, es otro problema; creo que tenemos que transitar a lograr de manera efectiva la autonomía de los ministerios públicos, esa es la parte fundamental en la que tendremos que trabajar”.
