- El abogado del Partido Nueva Alianza logró que le suspendan el cambio de placas hasta que no se emita sentencia definitiva
- Consideró ilegal destinar los recursos derivados del reemplacamiento a seguridad pública
El Juzgado Quinto de Distrito ordenó la suspensión definitiva del canje de placas al abogado del Partido Nueva Alianza (Panal), Armando Quezada Chávez, hasta que se dicte sentencia definitiva al amparo interupuesto el 16 de enero contra esta medida del gobierno estatal.
Esta suspensión implica que el neo aliancista no podrá ser obligado o molestado en su persona o sus bienes por la Secretaría de Finanzas a tramitar el cambio de láminas, que será obligatorio a partir del 1 de junio.
“Esto desde luego evidencia el principio de que el amparo en cuestión va por buen camino y esperemos que así como se resolvió la suspensión definitiva, que es un paso trascendente, también se pueda resolver de fondo. Consideramos que esta carga fiscal es innecesaria y que la ciudadanía, dada la situación económica, no está en condiciones de cubrir un derecho de esta naturaleza” explicó el también aspirante a diputado local.
El grupo parlamentario del Panal en el Congreso del Estado solicitó que el cobro por las nuevas matrículas fuera de 75 pesos y no de 475, como se aprobó. Esto debido a que “el estado no puede ir más allá del cobro justo de lo que implica el gasto por el replaqueo”.
Quezada Chávez reconoció haber presentado cerca de 200 juicios de amparo que se encuentran distribuidos en el resto de los juzgados de distrito, por lo que calificó como una “coincidencia” este primer fallo que solamente lo beneficia a él. Confió en que el resto de los jueces federales adopten el mismo criterio.
El objetivo es que ocurra como en la Ciudad de México, donde al transformarse en entidad federativa desterró de su régimen jurídico la obligación de cambiar de placas cada determinado tiempo.
Para el neo aliancista, el hecho de que el gobernador -Martín Orozco Sandoval- haya prometido destinar los ingresos derivados del reemplacamiento a seguridad pública constituye una ilegalidad: “Justificar el alto costo (de las placas) es algo inviable e ilegal, el gobernador dijo en principio que era para la construcción de C5 (…) pero esa infraestructura debe hacerse con los recursos que vienen de la federación y los propios que ya fueron aprobados en el presupuesto de egresos del estado. No puede disponer de los ingresos de replaqueo y destinarlos a ese fin si no fue previsto en el presupuesto de egresos”.
Cabe recordar que la fabricación de las láminas fue asignada por adjudicación directa a la empresa guanajuatense con razón social Procesos Gráficos Para Publicidad S.A. de C.V.
