- La diputada promovente de la iniciativa enfatizó que con ello se abona a la lucha contra la corrupción
- Se propone además que el nombramiento del fiscal anticorrupción recaiga en el Congreso
En la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso del Estado, fue rechazado el dictamen promovido por la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Edith Citlalli Rodríguez González para que se reforme la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a fin de armonizar el sistema de fiscalización con el sistema estatal anticorrupción.
La iniciativa propone cambios en lo concerniente a la fiscalización superior y la lucha anticorrupción con la transformación del Órgano Superior de Fiscalización a la Auditoría Superior del Estado para que se establezca claramente quienes son los sujetos obligados a presentar la cuenta pública; la regulación del Informe de Avance de Gestión Financiera; los requisitos para ser auditor superior y la duración de su cargo; la emisión de informes individuales de auditoría, incluyendo las que serán de carácter público, así como establecer las indemnizaciones o sanciones pecuniarias expresas.
“Con esta adecuación se brindaría certeza jurídica a los entes públicos en materia de integración y formulación de la cuenta pública, terminando así con la ambigüedad e indefinición jurídica que impera hoy en nuestra Constitución local y demás normatividad”, argumenta la diputada en el dictamen presentado.
En defensa de su postura ante el pleno, enfatizó que el estado es uno de los pocos que se está quedando rezagado con la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual se necesita homologar las funciones para que el sistema verdaderamente funcione, “es lamentable escuchar quejas de aquellos que no quieren ser fiscalizados, cuando el Sistema Anticorrupción es muy claro, todos los servidores públicos somos sujetos obligados a informar y a ser fiscalizados”.
El hoy secretario de Finanzas, Jaime González de León, es coautor de la iniciativa, a quien Rodríguez González reconoció el interés de abonar a la transformación en la forma en que se fiscalizan los recursos a través del ente técnico; recalcó que tras la reforma que modificó la Contaduría Mayor de Hacienda al Órgano Superior de Fiscalización, hace diez años, se consolidó al armonización contable, se creó el presupuesto basado en resultados, y las recientes reformas permitieron la implementación de los sistemas nacional y estatales anticorrupción.
La diputada insistió que el órgano fiscalizador externo tiene la obligación de participar en el Sistema Estatal Anticorrupción, así como en el Sistema Estatal de Fiscalización, “tenemos que darles las herramientas, tenemos que darles una ley con la que puedan trabajar, con la que puedan rendir cuentas y con la que puedan fiscalizar”.
Recalcó que la lucha anticorrupción apenas comienza, por lo que el Congreso tendrá que seguir legislando entorno a las directrices nacionales anticorrupción, por lo que aseguró que las reformas propuestas, de la mano con la iniciativa presentada para que el nombramiento y remoción del fiscal estatal anticorrupción pueda ser nombrado por dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, facultad que actualmente compete al fiscal general del estado, coadyuvan para cristalizar esos esfuerzos.
Con 16 votos a favor, seis en contra y cinco abstenciones de los diputados presentes en la sesión, esta iniciativa de reforma constitucional fue rechazada.
