Estamos siendo testigos del quehacer de un gobernador solitario, que trata de reestablecer el estado de derecho en su entidad. Me refiero al gobernador de Michoacán Fausto Vallejo. Como usted debe estar enterado, durante las últimas semanas con el pretexto de las reformas al plan educativo de las normales rurales, se desencadenó una serie de ataques a la población en la que los normalistas tomaron carreteras y casetas de peaje en todo el estado, convulsionando la vida social y económica del estado.
Aunado a esto, secuestraron camiones, bajaron al pasaje y después incendiaron las unidades; secuestraron camiones y camionetas de carga y les robaron sus mercancías, “pues son producto de los capitalistas”. No se dan cuenta los estudiantes que esos capitalistas pagan sus impuestos para que ellos vivan cómodamente en sus escuelas.
Hace 12 días las autoridades decidieron rescatar las unidades secuestradas, pero las unidades fueron incendiadas dentro de las escuelas. A raíz de esto más de 15 policías fueron lesionados, algunos de gravedad, detectándose una cantidad importante de individuos que no eran estudiantes y que se hicieron pasar por profesores del CNTE –Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– (sería grave que lo fueran) durante el pillaje a comercios de todo tipo, y en donde fueron lesionados los que trataron de oponerse a que les robaran el producto de su trabajo.
Durante esta operación fueron detenidos 176 pseudoestudiantes de las tres normales de las comunidades de Arteaga, Cherán y Tiripetío. Posteriormente buscando que las cosas volvieran a la normalidad fueron poco a poco liberados la mayoría y sólo quedaron ocho presuntos culpables de incendiar las unidades secuestradas. Estas detenciones en lugar de calmar la situación enardecieron más a los normalistas y siguieron los desmanes, habiéndose tomado con violencia la representación del Estado de Michoacán en el Distrito Federal. Observamos en la televisión la forma en que retuvieron, contra su voluntad, al personal en el interior de las oficinas, causando destrozos y pintarrajeando todas las instalaciones. Después de algunas horas la policía rescató el inmueble y liberó a los detenidos, pero adivine usted, ¿cuántos detenidos cree que hubo por estos desmanes?..¡ni uno solo!
Posteriormente sitiaron el edificio del Senado de la República, sin dejar entrar ni salir a cientos de empleados funcionarios, ¡y no pasó nada! no hubo detenidos. Finalmente los ocho detenidos por el incendio de los autobuses fueron liberados con 7 mil pesos de fianza. Creo que no es una mera coincidencia que Michoacán se encuentre entre los tres estados con más atraso en materia educativa, amén de los rezagos en materia social, y ahora con una caída en la inversión su situación es muy preocupante.
Se observa que nadie apoya al gobernador en la búsqueda de la aplicación de la ley para proteger a la sociedad michoacana de los desmanes de los delincuentes. Ya bastante tenía Fausto Vallejo Figueroa con la problemática que les ha generado el crimen organizado y ahora con estas complicaciones… ¡Y solo! La realidad es que no hay buenos augurios para ese bello estado.
Otro caso que ha ido quedando en el olvido, y al parecer las autoridades Mexicanas no le han hecho el mínimo caso o interés de investigar, es el asunto en donde se involucró a Walmart con respecto a una investigación que el periódico The New York Times, de abril de este año, dio a conocer en la cual se descubrió que sus ejecutivos en México sobornaron a funcionarios Mexicanos con 24 millones de dólares. Hasta ahora no sabemos de qué nivel son estos funcionarios, si son Municipales, Estatales o Federales. Sobre esto algunos funcionarios federales se atrevieron a declarar que en México no hay una investigación relativa a este caso. Con estas actitudes nunca se va a desterrar la corrupción y la impunidad en nuestro país.
Es tan real este caso que de acuerdo con el diario Wall Street Journal, Walmart reportó que gastó 51 millones de dólares en una evaluación interna para investigar si la empresa violó las leyes Estadounidenses referentes a combatir la corrupción de las empresas en el exterior, y fue tan positivo el resultado de las investigaciones, que fusionaron sus departamentos de ética, cumplimiento de ley, investigaciones y asuntos legales, para evitar esas prácticas prohibidas. En México no pasó nada. Sólo un silencio con olor a complicidad.
El Poder Judicial Federal en México está preocupado combatiendo la corrupción y la impunidad. Y como muestra de ello acaban de suspender al Juez 1° de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares López, que tuvo a su cargo el juicio contra los Alcaldes y funcionarios presuntamente coludidos con el crimen organizado en el famoso “Michoacanazo”. Finalmente dejó en libertad a todos los acusados.
Esto debido a que en su sesión del miércoles 24 de octubre el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal encontró procedentes la queja administrativa 659/2010 y 660/2010 y la denuncia 34/2011, determinándose que el juez sí tiene responsabilidad, que no actuó observando la disciplina, la honestidad, independencia (ojo para aquellos que cuando no les gustan las determinaciones del Poder Judicial Federal amenazan a los jueces), imparcialidad y profesionalismo con el que tienen que actuar todos los miembros de dicho poder. Si bien es cierto el juez tiene derecho a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto deja un precedente de que se están tomando medidas en bien de la justicia.
El Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Federal informó a través de su Presidente Elías Faz que en dos años han sido sujetos a proceso 33 funcionarios, entre ellos dos jueces, y hay otro juez en investigación por “asuntos muy delicados”.
Lo anterior son los extremos entre respeto a la ley y la institucionalización del delito en perjuicio de la sociedad disfrazado en falsas demandas sociales.
