Los países latinoamericanos, que vivimos mayoritariamente en regímenes presidencialistas, estamos acostumbrados a ver a los presidentes de nuestros países como si fueran entes plenipotenciarios. Quizá por el antecedente del caudillismo histórico en nuestra región, quizá por la debilidad de nuestros mecanismos legales de pesos y contrapesos, hemos colocado a la figura presidencial en un pedestal en el que pareciera que el titular del ejecutivo es intocable e inmaculado.
Es esa la razón por la cual los titulares de la semana pasada en diversos medios de comunicación no alcanzan a ser asimilados por nuestras cabezas: “Mariano Rajoy, presidente español, es depuesto”, “Cae Rajoy como presidente del gobierno”, “Moción de Censura de Pedro Sánchez triunfa y es el nuevo presidente del gobierno”. ¿Moción de Censura? ¿cae el Presidente?, ¿puede un legislativo verdaderamente controlar al titular del ejecutivo?
Antes de escribir sobre lo sucedido en España, haré mención de algunos antecedentes a efecto que esta columna sea lo más ilustrativa posible. España es una monarquía constitucional de régimen parlamentario, es decir, tienen un Rey (que sirve prácticamente para nada) y un Presidente del Gobierno, que es Jefe de Gobierno y además un sistema parlamentario que le da mayor preponderancia al denominado Congreso de los diputados, que es la asamblea legislativa que entre sus facultades tiene el autorizar la conformación del gobierno y el cese del mismo, dado el sistema de votaciones por partido que maneja el régimen español, conoce de la tramitación inicial de nuevas leyes y de los presupuestos de egresos. El derecho constitucional español, prevé un legislativo bicameral, la cámara baja o cámara de los diputados, reúne a diputados elegidos por sufragio universal y junto con el Senado, constituyen las Cortes Generales. Existen diversos partidos políticos en España, pero los de mayor fuerza política son el Partido Popular (de derechas y partido de Mariano Rajoy), el Partido Socialista Obrero Español (de centro izquierda), Podemos (de izquierda) y Ciudadanos (de centro). Las últimas elecciones generales para conformar gobierno (de donde resultó presidente del gobierno Mariano Rajoy) se llevaron a cabo en 2016, elección en la que el Partido Popular obtuvo 137 de 350 diputados, el PSOE 85, Podemos 45 y Ciudadanos 32, distribuyéndose los demás curules entre partidos pequeños regionales.
Abordado lo anterior, comenzamos. La semana que terminó, el líder del PSOE en la Pedro Sánchez impulsó un instrumento parlamentario denominado Moción de Censura, que como fondo tuvo la intención de deponer al presidente del gobierno, Mariano Rajoy (del Partido Popular), tras darse a conocer la sentencia del famoso caso Gürtel, en el que el partido de Rajoy se encuentra implicado.
El caso Gürtel es la mayor trama de corrupción de España en tiempos de democracia y terminó por alcanzar al Presidente del Gobierno de ese país. Lo resumiremos de la siguiente manera: se trata de un entramado de empresas que obtenían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP) en varios lugares de España. Estos contratos los obtenían a cambio de sobornos que iban a parar a los burócratas responsables de la asignación de los mismos. Estos mismos sobornos se utilizaban para financiar campañas del PP.
El asunto es añejo. Comenzó el año 2007, cuando un ex concejal del Partido Popular de nombre José Luis Peñas Domingo, denuncia ante la fiscalía el entramado de corrupción del que se había dado cuenta llevando ante la autoridad más de 80 horas de grabaciones de conversaciones entre las cabecillas de la red, de donde se advertían múltiples actos de corrupción en contratos públicos en las comunidades de Madrid y la Valenciana.
Diversos casos conexos terminaron acumulándose llegando a haber en el juicio casi 300 implicados, incluido el mismísimo presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ex presidente José María Aznar. La piedra angular del asunto está en tres empresarios: Francisco Correa (Gürtel significa Correa en Alemán); Pablo Crespo, ex Secretario General del PP; Luis Bárcenas, miembro de la oficina de contabilidad del PP desde 1989 y su tesorero en diversas operaciones y demás miembros de la plana mayor del Partido Popular que entramaron junto con estos empresarios “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional través de la manipulación de contratos y asignaciones” que terminaron beneficiando al Partido Popular.
El escándalo es tan grande que los 29 principales acusados se reparten un total de 351 años y 1 mes de cárcel y la sentencia determinó como responsable institucional directo al Partido Popular la semana pasada, lo que provocó el terremoto que terminó con el Gobierno de Rajoy y que hace que hoy Pedro Sánchez del PSOE sea ahora el presidente del gobierno.
Más de la mitad de los españoles desean que se convoquen a nuevas elecciones generales en los próximos días. Veremos el futuro político que le depara a España después de ejercer los contrapesos legislativos característicos de los regímenes parlamentarios.
