- Secretaría de Finanzas, Obras Públicas, IEA e ISEA son otros donde hay investigaciones fuertes
- Hay cinco casos pendientes de inhabilitación de exfuncionarios, podrían aplicar sanciones de hasta 15 años
Tiene la Contraloría del Estado más de 80 casos en investigación, tan solo del caso específico del Instituto del Agua que está en proceso de desaparición; el contralor general del estado, David Márquez Mora, indicó que se llegó a hacer un acuerdo administrativo para que las denuncias que se tengan pasen a investigación de esta dependencia.
Puntualizó que se debe analizar cada denuncia para determinar aquellas que por su carácter pueden acumularse, y las que se deberán investigar en lo individual; son casos en los que se señala desde el proceso de asignación de una obra y de la investigación pueden derivar temas administrativos e incluso penales, este proceso puede llevar hasta seis meses para poder calificar la falta.
Explicó que si se trata de una falta no grave, la misma Contraloría puede emitir una sanción que implica hasta un año de inhabilitación al responsable, pero si se califica como grave, se turna a la Fiscalía Anticorrupción para que se abra otro expediente y continuar con otro proceso de revisión y de resolución.
Otros expedientes de investigación que obran en poder de la Contraloría del Estado, son por casos de la Secretaría de Finanzas y Obras Públicas, principalmente; hay varias investigaciones que ya se llevan directamente con el Instituto de Educación y con el Instituto de Salud, “son otros donde tienen algunas investigaciones fuertes que ahorita están en proceso de calificación”, apuntó el contralor.
Aseguró que se está llevando a cabo en los tiempos jurídicos la investigación, para que se pueda calificar la misma sanción y que se determine su gravedad y dependiendo de ésta, se envié a la Sala Administrativa o al fiscal anticorrupción.
Márquez Mora subrayó que ya se han determinado algunas inhabilitaciones, aunque los implicados están en un proceso en que pueden acceder a un amparo, por lo cual dijo que no se pueden dar a conocer los nombres de estos exfuncionarios, hasta que no se dé la resolución en firme. “Entonces sí tiene que presentar ante la página de transparencia de la propia Contraloría, quiénes fueron las personas que fueron sancionadas y por cuántos periodos se ha dado; tenemos ahorita cinco casos pendientes de resolverse, que brindaron a un amparo (…) son mandos altos, pero nos estamos reservando para dar el proceso que viene donde ellos se están defiendo ante un amparo de lo que nosotros clasificamos como grave, podrían inhabilitarse por 15 años”.
Precisó que la Contraloría del Estado participa en la Comisión Permanente de Contralores, se trabaja en el ámbito nacional para marcar los lineamientos sobre cómo van a empezar a trabajar las comisiones, desde la revisión de las normas profesionales que tienen los auditores y los mismos organismos de control en cada una de las entidades, así como la Auditoría Superior de la Federación con la función pública.
Se busca que en coordinación en lo federal se consolide una plataforma digital en la que se puedan sumar los esfuerzos que indica el Sistema Nacional de Fiscalización para evitar la duplicidad en los trabajos de revisión de los distintos entes, que llevan a cabo las contralorías y que a su vez se esté llevando a cabo por el Órgano Superior de Fiscalización; esto además va a permitir que se transparenten el proceso de investigación bajo el que estén funcionario o exfuncionarios investigados por delitos y aquellos que estén inhabilitados para que no sean contratados en otros estados.
Quezada Mora detalló que en conjunto con el Instituto de Transparencia, con el Órgano Superior de Fiscalización, con la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, se fijarán los criterios con los que se va a llevar a cabo una revisión, y principalmente, bajo los cuales se emite una sanción.
