Hace unos días, vi con atención un análisis de la Organización Internacional del Trabajo relativo a lo que deberá ser el futuro del tema laboral en el país, y en donde se hacía énfasis en el mejoramiento del poder adquisitivo del salario, por la vía que mejor convenga a México y los mexicanos, y con ello, la necesidad de reorientar políticas encaminadas a una mejor distribución de la riqueza.
La política laboral pública ha sido menospreciada por las últimas administraciones federales, advirtiendo ello con un factor que ha sido determinante en el deterioro del poder adquisitivo del salario, ya que desde Ernesto Zedillo Ponce de León, los incrementos al salario mínimo han sido, insistentemente, para tratar de cubrir el incremento inflacionario, propiciando, desde las propias políticas de estado, el estancamiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Durante la presente administración de Enrique Peña Nieto, sus políticas laborales se enfocaron a la creación de nuevos empleos sin importar el nivel de remuneración, dando como consecuencia, el mantenimiento estadístico de creación de fuentes de empleo, pero con una evidente precariedad salarial, al grado de que los jóvenes prefieren seguir de Ninis, ocupando el hogar paterno, en espera de una mejor oportunidad salarial que no llega.
El análisis en comento destaca que la cantidad de empleos creados no debe ser la única medida con la cual se evalúa una política de capital humano: hay componentes como salud, vivienda, salarios y precariedad donde nuestro país ocupa lugares muy rezagados en las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.
Ante ello, sugiere el organismo internacional, que la nueva administración federal deberá impulsar un gran debate nacional sobre capital humano y capital social en el que confluyan las voces de la academia, los legisladores, los empleadores y los trabajadores y del ejecutivo. Este diálogo social necesita una mayor legitimidad a partir de una mayor participación democrática de los representantes de los sectores productivos, tanto de los empleadores como de los sindicatos.
Y es que por décadas, el Gobierno Federal ha sido el principal obstáculo para que empresarios y trabajadores puedan pactar salarios más dignos, sin que las políticas fiscales, por ejemplo, castiguen la creación de nuevos empleos y el pago de mejores salarios.
Es tiempo, pues, de abrir al debate nacional aspectos, no sólo de la justicia laboral, sino el tema toral como el de mejorar los ingresos de la clase trabajadora, y dejar atrás, de una vez por todas, el añejo discurso de que los salarios no se aumentan para no generar inflación. Ese cuento ya nadie lo cree.
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