Vivimos una etapa -larga- de transición y cambio de gobierno en México; con ello impulsos, anuncios, propuestas y proyectos que obligan a pensar cómo y cuál será la estrategia de financiamiento que se está trabajando para lograrlo. La premisa básica es que en el sector público, los recursos nunca son suficientes para atender todas las necesidades, cuestión que preocupa más si de antemano se sabe que el andamiaje institucional para la movilización de recursos domésticos es débil, tanto en su capacidad generadora de ingresos, como en su poder redistributivo. El reto está presente.
Antes de continuar, revisemos algunas cifras que anticipan el reducido espacio fiscal del gobierno federal.
El crecimiento económico del país actualmente se mantiene a una tasa relativamente baja, que ronda el 2%, sin proyectarse grandes cambios para el cierre del presente año. Comparado con los países de América Latina, al menos la mitad de los países crece a tasas más altas (ver el último estudio económico de la Cepal). La tasa de desempleo está por debajo del 4%, lo que a simple vista sería una mejora, no obstante se debe considerar que la inflación supera el 6% y los salarios reales no sólo no han aumentado, sino que en el último tiempo han disminuido (en 2017 la disminución fue del 1% respecto al cierre del 2016). Si bien hay una ligera mejoría en los balances fiscales, esta se debe principalmente a una contracción del gasto (distinto del pago de intereses) llevada a cabo entre 2017 y 2018, cercana al 1% del PIB. La deuda pública actualmente asciende a casi el 47% del PIB.
En conjunto, se percibe un escenario en el que tanto la tasa de crecimiento como los salarios están por debajo de la inflación, la deuda es alta y los ajustes para lograr balances fiscales positivos se dan por el lado del gasto, y no del aumento de ingresos. A todas luces es un escenario que pone en entredicho la sostenibilidad de las finanzas públicas para echar andar el ambicioso plan sexenal que se avecina.
El diseño e implementación de políticas pro desarrollo debe considerar la disponibilidad de recursos para llevarlas a cabo, o en su caso hacer un rediseño del gasto público que permita liberar espacios fiscales. Como hemos observado, desde que terminó el proceso electoral la agenda pública se ha nutrido de propuestas, proyectos e intenciones entre las que destacan descentralizar las instituciones del Gobierno Federal, ampliar la oferta académica e integrar al mercado laboral a millones de jóvenes; asimismo, se proyecta un corredor que compita con el Canal de Panamá (el Transístmico), dos sistemas ferroviarios (el Tren Maya y el México-Querétaro) y la construcción de dos refinerías, entre otras acciones en materia de seguridad pública y desarrollo social. Todo lo anterior cuesta y requiere por lo mismo estrategias suficientes y sostenibles de financiamiento.
Un punto que consideramos preocupante en esta discusión, es que el gobierno electo evita tratar el tema de elevar la carga tributaria. No se ven trazas para ello; por el contrario, se habla de bajar impuestos con la finalidad de reactivar la economía (IVA e ISR fronterizo), pero poco se conoce sobre cómo agrandar el espacio fiscal, el cual ya vimos que per se es reducido.
En este sentido, para cumplir todos los proyectos anunciados es inevitable hablar de un cambio estructural del sistema tributario. Complementario a ello, se requiere debatir una reingeniería del sistema de coordinación hacendaria actual, que de igual forma libere espacio fiscal. Específicamente, las cifras muestran que la carga tributaria en México es bastante baja desde la perspectiva que se le mire. Veámos.
Actualmente, la relación de ingresos tributarios y el PIB en México asciende al 17.2% del PIB, lo que representa casi la mitad de lo logrado en los países de la OCDE (34.3%) e incluso se encuentra por debajo de lo que se alcanza en países como Nicaragua (22.6%), Costa Rica (22.2%), Honduras (21.4%), Ecuador (20.5%), Chile (20.4%) y Colombia (19.8%), por señalar algunos. Aunado a ello, una mirada evolutiva resulta interesante: cuando los países de la OCDE mostraban un desarrollo similar al actual de México (PIB superior a los 16,000 dólares por habitante) -siendo esto a inicios de los años 70-, su carga tributaria era cercana al 27%; es decir, casi el doble de lo que hoy se logra en el país.
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Evolución de los niveles de desarrollo y carga tributaria en México y en los países de la OCDE
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A raíz de todo lo que hasta aquí se ha dicho, creemos necesario discutir la ampliación del espacio fiscal a partir de los siguientes puntos:
- Reducir las fuentes de evasión y elusión tributaria, buscando con ello no sólo aumentar los ingresos públicos, sino además enviar un gesto de justicia redistributiva orientado a que contribuyan en mayor proporción aquellos sectores de la población que tienen mayor capacidad para hacerlo. Se conoce, y se ha documentado, que son las empresas y las personas con la capacidad suficiente para contratar a despachos contables aquellas que aprovechan en mayor medida las exenciones y los resquicios legales para restarse de las contribuciones.
- Promover y discutir cambios a los impuestos que gravan el patrimonio. La idea es aportar poder redistributivo al Estado, al mismo tiempo de aumentar los recursos públicos para impulsar la economía. Actualmente, estos impuestos suman apenas el 0.3% del PIB, monto que queda bastante lejano de lo que otros países realizan. El promedio de los países de América Latina es el doble (0.8% del PIB), mientras que los países de la OCDE asciende al 1.8% del PIB. Opciones en la esfera pública sobran. Existen propuestas documentadas para aumentar el impuesto a las donaciones y las herencias, así como para lograr mejoras administrativas y de coordinación en el impuesto predial.
- Proponer un rediseño del gasto público con una orientación disruptiva, experimental y con miras hacia la equidad territorial. En México no da lo mismo el lugar de residencia. Estimaciones muestran que el PIB por habitante de la entidad más rica es al menos 9 veces superior que el de la entidad más pobre. Esto repercute, sin duda, en la provisión de servicios públicos. Por lo mismo, creemos urgente romper con el círculo perverso de algunos fondos del ramo 33, crear incentivos y así acelerar el desarrollo de los estados y municipio que históricamente se han quedado más rezagados. Es sano, para esta etapa de transición, replantearse el marco de coordinación fiscal actualmente conformado por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la recientemente aprobada Ley de Disciplina Financiera.
- Promover la participación activa del sector privado como motor complementario del desarrollo que permita potenciar el desarrollo de nuestro país, creando un diálogo colaborativo e innovador entre lo público y lo privado. Es decir, las políticas y finanzas públicas deben fomentar empresas y fondos híbridos que canalicen recursos privados y gubernamentales en las nuevas tendencias de la economía (digital, cooperativa-colaborativa) y en la forma de resolver los problemas de la sociedad de forma no tradicional.
Las transiciones, guste o no, crean escenario para discutir con responsabilidad el financiamiento de políticas y los cambios al sistema tributario. Los recursos nunca son suficientes. Mantener la carga tributaria en estos momentos, tal como parece es la opción, queda más como un guiño a la acumulación y no a la reactivación de la economía. Pensar la acción del Estado en un país en donde el 1% más rico del país concentra más del 25% de la riqueza y en donde viven en condiciones de pobreza más de 50 millones de personas, obliga a discutir cambios tanto en la coordinación hacendaria como en la estructura tributaria, con miras a crear espacio fiscal para impulsar el crecimiento, la innovación y la reducción de las brechas socioeconómicas.
