Miles de notas periodísticas de las dos últimas administraciones estatales y municipales, difundidas a placer en distintos medios de comunicación, han dado cuenta del “gran esfuerzo” realizado por nuestros representantes populares en la “gestión de recursos” ante la federación para que los gobiernos cumplan al pie de la letra con los planes de desarrollo, diseñados, según juran y perjuran, “para el bien de Aguascalientes”. De esta manera, por obra y gracia de comunicados oficiales, los hacedores de leyes abandonaron su labor primordial y se convirtieron en “gestores de recursos” sin siquiera hacer el mínimo esfuerzo de levantar el dedo. Lo cierto es que la realidad contrasta con la teoría de la separación de poderes y las funciones de legislar, ejecutar y aplicar las leyes en Aguascalientes, que continúan sometidas al arbitrio de un solo poder: el poder monárquico del ejecutivo.
El viernes pasado el diario El Universal destapó una cloaca más de peculado y corrupción en la que están sumergidos actores políticos de todos los colores e ideologías partidistas acusados de recibir dinero público, etiquetado para la adquisición de equipo médico de alta tecnología que diagnostica múltiples enfermedades neurológicas y oncológicas. La declaración ministerial de Uriel de Santos Velasco, subsecretario de egresos de la secretaría de finanzas del gobierno de Luis Armando Reynoso Femat fue además de contundente, reveladora: Los 13 millones 800 mil pesos que debieron destinarse a la compra de un tomógrafo computarizado para el Hospital Hidalgo, se entregaron “por instrucciones superiores” a diputados federales de la LX Legislatura como pago de “comisiones” por la “gestión de recursos extraordinarios” para el mismo hospital.
Este hecho, minimizado por los medios de información locales, es tan sólo la punta del iceberg del más grave acto de peculado y corrupción del que se tenga memoria en la historia de Aguascalientes, que tiene postrado al estado con una deuda pública directa superior a los 3 mil 470 millones de pesos que incluyen los mil 55 millones de pesos de deuda adicional que Lozano de la Torre adquirió para soportar según él, la construcción de infraestructura de la segunda planta de Nissan, con la misma lógica de pillaje con la que se planeó el proyecto estratégico sur de Peñuelas de su homólogo Reynoso Femat.
Pero las cúpulas gobernantes expertas en el “tapaos los unos a los otros” tienen a su servicio a “representantes populares” que aprueban por consigna o por “comisión” deudas públicas con todo y las observaciones de los órganos superiores de fiscalización que nunca son subsanadas. El encarcelamiento del ex alcalde de Calvillo Jesús Soto López y del ex titular del ISEA Ventura Vilchis Huerta le significó al gobernador del estado, principal encubridor de las fechorías de Luis Armando Reynoso, la mejor puesta en escena de la Ley del Mar, donde el pez grande se come al pequeño. Así, José Carlos Lozano de la Torre logró imponer en Aguascalientes su justicia marinera para seguir buceando tranquilo en la bahía de sus intereses donde procurar la justicia vale menos que el excremento de los tiburones que alimenta.
El saqueo a las arcas públicas en el Estado es proporcional al nivel de vida de sus gobernantes. No bastan los desmentidos de Raúl Cuadra García (quien anda con su amparo bajo el brazo) ni de los diputados federales que ahora niegan haber recibido los casi 14 millones de pesos destinados a la compra del tomógrafo. Estos representantes populares al igual que Carlos Salinas no tienen un pelo de tontos. Solamente dos de ellos gozan de fuero constitucional, el actual diputado y coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso del Estado y la alcaldesa Lorena Martínez Rodríguez, quien por cierto, ratificó a una funcionaria que le heredó Gabriel Arellano Espinosa, la actual secretaria de finanzas del municipio de la capital, Angélica de Santos Velasco, hermana del subsecretario de Egresos del Gobierno de LARF, Uriel de Santos Velasco, el mismo que declaró ante el ministerio público haber repartido esos millones a diputados federales cuyos nombres no recordó en ese momento. No cabe duda que la justicia en Aguascalientes vale menos, infinitamente menos, que el excremento de los tiburones del PRIAN que gustan alimentarse de peces chicos de todos colores.
