- Entre ellos dos priistas acusados de bloquear la circulación e incitar a la violencia a los manifestantes
- Al cierre de la presente edición, tres personas continuaban privadas de su libertad en el C4 pues aún no era resuelta su situación jurídica
- Acusan activistas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes
La protesta contra la construcción del paso a desnivel en el cruce de Segundo Anillo con el antiguo camino a San Ignacio, concluyó la madrugada del pasado sábado con 20 personas detenidas, entre ellas un menor de 17 años.
Activistas, civiles y militantes de partidos políticos fueron privados de su libertad por más de 12 horas en el complejo de seguridad pública municipal C4, acusados del delito de resistencia a particulares, luego de tratar de impedir los trabajos previos a la obra que costará el derribo de más de 80 árboles.
A las 22:00 horas fueron detenidos los primeros seis manifestantes, entre ellos dos priistas identificados como Christian Muñoz y Orlando Sánchez, quienes fueron señalados de haber organizado un bloqueo a la circulación e incitar a la violencia. El altercado fue contenido por policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes regresaron al sitio a las 3:00 de la madrugada, para llevarse a otras 14 personas que se encontraban adentro de casas de campaña instaladas en el camellón central, manifestándose pacíficamente.
Los abogados del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Paulina Romo y Wilfrido Salazar, ofrecieron acompañamiento legal a los detenidos -la mitad de ellos mujeres- acusando que durante el proceso sufrieron violaciones a sus derechos humanos y que muchos de ellos sufrieron lesiones al momento del enfrentamiento con la fuerza pública, pero no se les dio acceso a medicamento, comida o llamadas telefónicas: “Escoriaciones, golpes en las manos, a una chica le rompieron los lentes en la cara, un chico tiene el hombro dislocado, otro tiene hipertensión”.
El agente del Ministerio Público abrió las carpetas de investigación 27039/1118 y 27037/1118 por el delito de resistencia de particulares que el Código Penal del Estado de Aguascalientes define en su artículo 167 como:
- La oposición a que la autoridad o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones empleando la violencia física o moral;
- Evitar por todos los medios posibles, el cumplimiento de un mandato de autoridad que cumpla con todos los requisitos legales;
III. Coaccionar a la autoridad pública, por medio de violencia física o moral, para obligarla a que ejecute u omita un acto oficial sin los requisitos legales, o que no esté dentro de sus atribuciones;
- La negativa a otorgar la protesta legal o a declarar por quien deba ser examinado en juicio y sin que le aprovechen las excepciones que establezcan las leyes de la materia; o
- Impedir, mediante actos materiales, la ejecución de una obra o trabajo públicos, mandados hacer con los requisitos legales por la autoridad competente, o con su autorización.
Esta conducta ilícita se sanciona con de uno a tres años de prisión y de 30 a 70 días multa y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. En caso de violencia, la punibilidad aumenta hasta en una mitad más de la señalada, respecto de los mínimos y máximos.
Sin embargo, los abogados del OVSG consideraron improcedente esta imputación, ya que la obra todavía no arrancaba al momento de los hechos “y únicamente con su cuerpo estaban impidiendo los trabajos preparatorios”.
Las versiones de la organización civil contrastan con la de los voceros de Gobierno del Estado, quienes negaron que el operativo de desalojo hubiera dejado lesionados y aseguraron que la mayoría de las personas presentadas ante la autoridad no pertenecen a grupos ambientalistas y eran supuestamente originarias de otros estados, principalmente Estado de México, Ciudad de México y San Luis Potosí: “La actuación de los elementos policiacos fue apegada estrictamente a los protocolos y respetando los derechos humanos a los ciudadanos, pero si se presentara alguna denuncia, le daremos puntual seguimiento con el apoyo de Derechos Humanos”.
A las 17:00 horas, la Fiscalía General del Estado informó que trece personas -12 mujeres y un menor- habían sido puestas en libertad, tras haber sido arrestadas por pretender impedir el inicio de las labores. Una hora más tarde, cuatro más fueron liberados. Durante ese lapso, familiares de los detenidos se manifestaron en las afueras del C4.
Tres personas más continuaban privadas de su libertad al cierre de la presente edición, pues su situación jurídica aún no era resuelta. Se trata de Rodrigo Haro, Rodrigo Ibarra y Christian Muñoz.
El paso a desnivel de Segundo Anillo y antiguo camino a San Ignacio es parte de las acciones para convertir la vialidad periférica en un eje de circulación continua, lo que se desprende del proyecto de movilidad SITMA.
La Ley de Movilidad estableció el 27 de octubre como fecha límite para que el Gobierno del Estado emitiera el Plan Estatal de Movilidad, con ese antecedente, los activistas valoran tramitar un amparo contra la obra.
