Suele considerarse un dogma liberal que de moral no se habla desde la política. De este modo, los liberales piensan que el Estado no debería imponer (tampoco sugerir o favorecer) un modo de vida a sus ciudadanos, ni siquiera por su propio bien (o por lo que los gobernantes consideren el “bien” de sus ciudadanos). John Stuart Mill pensó que, de lo contrario, al menos a largo plazo se reduciría la suma total de felicidad humana. La libertad es el valor fundamental para los liberales, quienes suelen pensar, a la estela de Mill, que “la única libertad que merece ese nombre es la de perseguir nuestro propio bien a nuestra propia manera, siempre y cuando no tratemos de privar a otras personas de la suya ni intentemos bloquear sus esfuerzos por obtenerla”.
Así, para los liberales, y por buenas razones, ni el Estado ni la sociedad deben imponer estilos de vida a ninguna persona. La libertad civil de los liberales, de este modo, es una que tiene como consecuencia natural la promoción de la pluralidad: de modos distintos de vida cohabitando en un mismo espacio. El Estado, en esta situación, opera como un marco neutral que garantiza la pluralidad.
Muchos han cuestionado la pretendida neutralidad liberal del Estado. Piensan que cualquier medida que el Estado tome para conservar dicha neutralidad es una simulación y tiene como consecuencia la atomización de los individuos. Fuera de la situación concreta en la que se encuentran, los individuos se desarraigan y pierden el marco (no neutral) que les sitúa y les identifica. En otras palabras, para los críticos del liberalismo, los individuos son quienes son debido a la comunidad o las múltiples comunidades a las que pertenecen. Los comunitaristas, férreos críticos del liberalismo, piensan, como lo ha expresado Michael Sandel, que “por más abierta que sea, la historia de mi vida siempre estará inscrita en la historia de aquellas comunidades (familia, ciudad, tribu, nación, partido o causa) de las que derivo mi identidad. Desde el punto de vista comunitarista, estas historias tienen una relevancia moral y no sólo psicológica. Nos sitúan en el mundo y confieren a nuestras vidas su particularidad moral”. Por tanto, concluyen los comunitaristas, el Estado no puede ni debe ser un marco neutral, sino uno situado en las comunidades a las que pertenece su ciudadanía. La conclusión salta a la vista: el Estado debe hablar y favorecer la moral comunitaria, debe hacer suyos los valores de sus ciudadanos y debe también promover y sancionar uno u otro modo de vida. ¿Es esto en verdad deseable?
En primer lugar, los liberales no son ajenos a la jerga sobre los valores. Creen que la libertad es un valor, uno que debemos promover y cuidar, pero éste tendrá como consecuencia múltiples maneras de ver y vivir la vida por parte de sus ciudadanos. También piensan que la pluralidad es un hecho con el que debemos lidiar en nuestras democracias, independientemente de si se le considere un costo o un beneficio democrático. En contra de la caricatura que de ellos hacen los comunitaristas, consideran que ellos sitúan al individuo en un marco mucho más amplio que el de las múltiples y variopintas comunidades particulares: en el de la comunidad humana en general. Por ello, los liberales más consistentes son cosmopolitas: tratan de derribar muros en lugar de construirlos. Algunos han ampliado su círculo de empatía (por usar la feliz expresión de Peter Singer) incluso más allá de los miembros de la especie humana.
No obstante, es cierto que la prístina neutralidad estatal es más un ideal regulativo que una realidad. El Estado debe promover valores, pero no cualquier valor, ni modos o estilos de vida particulares. El tema de la relación entre moral y política es así mucho más complicado de lo que pensaron los liberales modernos. El Estado no debe moralizar, pero, dadas sus características particulares en nuestras democracias actuales, debe promover algunos valores políticos (no morales), o algunas virtudes públicas, como la tolerancia, la responsabilidad o la solidaridad. Aquí el diablo está, como casi en cualquier discusión, en los detalles. Las distinciones son clave. No es lo mismo un valor moral que un valor político, así como no es lo mismo la vida privada que la vida pública. Aunque estas distinciones presentan mucho mayor vaguedad que la deseada, pienso que siguen siendo útiles para caracterizar la neutralidad estatal: el Estado debe promover valores políticos y virtudes públicas, no así valores morales o virtudes privadas. En el primer caso, lo que haría el Estado es favorecer la vida común en una sociedad plural; en el segundo, un estilo de vida particular que busca una sociedad homogénea.
En los últimos meses México ha visto cómo se reaviva este debate desde la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador. A los liberales nos queda claro que AMLO es un comunitarista. Él busca favorecer estilos de vida particulares. Peligrosamente ha sugerido que buscar un buen salario en el servicio público es un vicio de carácter. Ha declarado sin matices que la felicidad humana no radica en las posesiones materiales, sino en “el alma”. De lo que él habla son de valores morales y virtudes privadas. Considero peligroso que el Ejecutivo tome partido por una u otra manera de vivir la propia vida. Si el presidente busca moralizar la vida pública que nos hable de tolerancia, no de modestia o de templanza. Se puede hablar de valores en la vida pública, pero de valores políticos. Mi diagnóstico es sombrío: como en casi todas las acciones de su gobierno desde que tomó posesión, veo que el presidente y su gabinete trabajan con un machete sin filo y no con un fino bisturí. Ellas y ellos no son diestros cirujanos, son segadores de cizaña.
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