- La modificación que aprobó la Comisión de Desarrollo Social del Congreso contempla la formulación de políticas públicas interinstitucionales en favor de este grupo vulnerable
- Avalaron también una iniciativa que promueva la capacitación de personas con discapacidad y establecer vínculos con empresas para que puedan ser contratados
Como parte de su agenda de trabajo, la Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado Salvador Pérez Sánchez, avaló por unanimidad el dictamen que resuelve la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes, presentada por el legislador Jorge Saucedo Gaytán, a nombre del grupo parlamentario mixto PAN-PRD-MC, a través de la cual se garantiza la protección, apoyo y cuidado institucional de los adultos mayores, ante contingencias ambientales o desastres naturales que pongan en riesgo su integridad.
Los legisladores consideraron que los fenómenos naturales que representan una amenaza a la seguridad de las personas ponen en mayor riesgo a las que se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad como los son los niños, las personas con discapacidad y las de edad avanzada, por lo que consideraron pertinente apoyar la iniciativa.
El diputado Jorge Saucedo Gaytán, autor de la iniciativa, señaló la importancia de impulsar este tipo de medidas, porque se genera un mecanismo legislativo que garantiza la protección de este grupo social que merece todo el apoyo del Estado.
En seguida, aprobaron el dictamen que contiene la propuesta de modificación a la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad para el Estado de Aguascalientes, que presentó la diputada Patricia García García, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del PAN-PRD-MC.
La iniciativa contempla la creación del Programa denominado Laboratorio de Artes, Oficios y Emprendedurismo para personas con discapacidad, con el objeto de establecer un vínculo con las empresas para que los consideren en su plantilla laboral.
Salvador Pérez Sánchez resaltó esta modificación, al afirmar que a las personas con discapacidad se les deben sus derechos, incluyendo los de materia laboral, pues son “igual de productivos que cualquier ciudadano en condiciones normales”.
Con información del Congreso del Estado
