- Pidió que la respuesta se emitiera en el plazo señalado por la CNDH
- Emitió una serie de demandas a fin de atender a las víctimas
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes emitió un posicionamiento en el cual conminó al Gobierno estatal y a la Fiscalía a “emitir una respuesta pronta e imparcial en el plazo emitido para aceptar la recomendación de la CNDH”, así como a garantizar y hacer válidos los derechos de las víctimas, sancionar a los responsables y realizar una serie de acciones encaminadas al respeto de los derechos humanos. Reproducimos el posicionamiento a continuación:
Desde 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha puesto su atención en Aguascalientes en el tema de tortura, de esto da cuenta el Informe 1/2010 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e Internamiento que dependen del Gobierno del Estado de Aguascalientes, dirigido al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, dicho informe daba cuenta de las omisiones en la prevención, erradicación y sanción de este delito en el Estado, destacando, también, la ausencia de mecanismos de denuncia que permitieran a las víctimas de tortura el acceso a la verdad y la justicia.
Sin embargo, en el Estado, a través de Instituciones carentes de perspectiva de Derechos Humanos y funcionariado público poco capacitado, este delito nuevamente coloca a Aguascalientes y a la Fiscalía del Estado en una situación crítica en lo referente al respeto íntegro de los Derechos Humanos de todas las personas, esto a través de la Recomendación 17VG/2019 sobre “La investigación de violaciones graves a los Derechos Humanos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria; a la seguridad e integridad personal por actos de tortura; a la seguridad e integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; a la seguridad personal e integridad sexual por actos de tortura y violencia sexual; así como al acceso a la justicia y a la verdad en agravio de las víctimas por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes”, girada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esta recomendación gira en torno a los testimonios de más de 50 víctimas y quejosos que sufrieron actos de tortura, tanto para firmar documentos de auto incriminación, como en casos en los que pese a haber reconocido su participación en hechos delictivos, eran también torturadas y torturados.
El documento de la CNDH emite una serie de recomendaciones que desde el Observatorio de Violencias Social y de Género exigimos sean implementadas, estas referentes a la investigación, sanción y reparación de las distintas violaciones a Derechos Humanos de las víctimas.
No sólo se debe reconocer la omisión que prevalece desde 2010 en la prevención, erradicación y sanción del delito de tortura y otros que atenten contra la dignidad de todas las personas en todos los espacios de impartición de justicia, sino también, dar garantías de una investigación diacrónica que dé cuenta de la actuación particular de funcionarios y funcionarias públicos en la comisión de este delito.
El Estado y la Fiscalía, en su obligación local, nacional e internacional en lo relativo al respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, deben
*Emitir una respuesta pronta e imparcial en el plazo emitido para aceptar la recomendación de la CNDH.
*Garantizar la seguridad de todas las víctimas que sufrieron actos de tortura.
*Garantizar el acceso al Fondo de Víctimas a quienes sufrieron de la comisión de este delito.
*Investigación imparcial de todo el funcionariado público señalado en las denuncias de las víctimas.
*Que las investigaciones den cuenta de la actuación particular de cada funcionario público en todos los niveles de gobierno de administraciones pasadas, presentes y futuras.
*Reparación y garantía de no repetición para todas las víctimas de tortura.
*Que funcionarios públicos señalados en esta investigación no participen nuevamente en algún cargo que involucre la atención a víctimas y la impartición de justicia.
*Que las instituciones de impartición de justicia y de atención a víctimas estén integradas por personal con el perfil adecuado y capacitado en perspectiva de género y derechos humano.
La omisión histórica de Aguascalientes y sus instituciones en la prevención, erradicación y sanción de la tortura es uno de los principales obstáculos en la garantía de verdad y justicia para todas y todos.
Con información del OVSGA
