- En febrero fue iniciado ante el Juzgado de Control y Juicio Oral Penal el primer proceso judicial por el delito de aborto doloso
- En medio de la pugna por la despenalización, del año 2015 al 2019 suman 26 mujeres investigadas en Aguascalientes por este delito
Ante Juzgado de Control y Juicio Oral Penal en Aguascalientes fue abierto el primer proceso judicial del 2019 por el aún existente delito de aborto doloso, mientras que de investigación de La Jornada Aguascalientes se desprende que del año 2015 al cierre del primer trimestre del 2019 suman 26 mujeres las que han sido sometidas a investigación por tal tipificación.
El primer caso de aborto doloso dirimido ante el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en este año fue consignado en febrero y bajo las reservas de información personal necesarias para no entorpecer investigaciones y curso legal del proceso.
A pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles en el sentido de pugnar por la no penalización del aborto, en Aguascalientes es un tema no priorizado por el Poder Legislativo local y, por ende, las mujeres que deciden abortar lo hacen fuera del territorio o incluso poniendo en riesgo su vida al hacerlo de forma clandestina.
Cifras oficiales consultadas por La Jornada Aguascalientes revelan que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recopiló un total de 25 investigaciones reportadas por la Fiscalía General del Estado en un lapso de 4 años, sin considerar el último trimestre del 2019.
Así, en el año 2015 fueron un total de seis casos investigados en el estado, siendo febrero el mes con mayor número de registros y un total de tres casos abiertos; en marzo, agosto y noviembre del mismo año fue abierta una carpeta de investigación por mes ante la Fiscalía General y de acuerdo al acumulado del SESNSP.
Para el 2016 sumaron siete investigaciones, dos de las cuales fueron aperturadas en abril y el resto en los meses de enero, mayo, septiembre, octubre y noviembre; en el 2017 fueron cinco los expedientes abiertos y en el 2018 sumaron también siete investigaciones, dos de las cuales iniciaron en enero y el resto en abril, junio, julio, agosto y diciembre.
El Código Penal para el Estado de Aguascalientes tipifica en su artículo 101 el aborto doloso como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
Al responsable de aborto doloso se le aplicarán de uno a tres años de prisión y de 40 a 80 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando se realice por la mujer embarazada o por otra persona con el consentimiento de la mujer embarazada, tomando en cuenta para ello las reglas de la autoría, participación y complicidad, consigna también la cuestionada legislación en la materia.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) sobre el tema señala que a pesar de que actualmente en todas las entidades federativas del país existen diferentes motivos por los cuales las mujeres podrían interrumpir legalmente un embarazo, la realidad es que persisten grandes obstáculos a este acceso, así como importantes disparidades regionales: “Mientras que las mujeres y niñas víctimas de violación sexual tienen derecho a acceder a un aborto legal en todo el país, la implementación de esta regla parece ser subjetiva y muchas mujeres siguen enfrentando barreras para acceder al servicio”.
Situaciones de esta naturaleza han obligado a cientos de mujeres a buscar en otros territorios como la Ciudad de México para interrumpir sus embarazos, estimándose una cifra de al menos 130 desde el 2007 al 2018, esto en el mejor de los casos, pues por cuestiones económicas también recurren a métodos clandestinos que comprometen la vida y así “el aborto inseguro continúa siendo la cuarta causa de muerte materna en el país y las mujeres en México continúan siendo criminalizadas por el delito de aborto, en ocasiones con penas de prisión”, sentencia sin eco el GIRE.
