- El titular del SSEA había rechazado efectuar la interrupción del embarazo de una niña víctima de violación porque no contaba con personal no objetor de conciencia
- Médicos dicen ser no objetores de conciencia para tener más oportunidades de trabajar en la SSEA pese a que realmente no lo sean
A través de un comunicado publicado en su página de internet, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la tarde de este martes 11 de junio que un juez federal ordenó a las autoridades de salud de Aguascalientes buscar médicos no objetores de conciencia para llevar a cabo la interrupción legal del embarazo de una menor de edad que fue violada.
En el comunicado se explica que la madre de una niña que fue víctima de violación denunció ante las autoridades competentes que acudió a una asociación civil para solicitar asesoría, ante la negativa del secretario de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (SSEA) para interrumpir el embarazo de su hija.
Las autoridades, se informa, se negaron a prestar el servicio solicitado y garantizado por la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Relativa a la Violencia Intrafamiliar, Sexual y contra las Mujeres, al tratarse de un embarazo producto de una violación; lo anterior, debido a que argumentaron no contar con personal no objetor de conciencia, es decir, con doctores calificados que estén de acuerdo con realizar una interrupción de un embarazo.
Por lo tanto, el juez federal que se encargó del caso concedió que en un plazo de 10 días a partir de la resolución, se les practicara a la menor la interrupción legal del embarazo, para lo cual las autoridades responsables, es decir, la Secretaría de Salud del Estado Aguascalientes, deben buscar de forma inmediata, dentro o fuera de la entidad, personal capacitado no objetor de conciencia.
Asimismo, se deja de manifiesto en el comunicado, las autoridades deberán informar al Juzgado el cumplimiento de la suspensión y ordenó a la asociación civil ser el conducto para que la menor acuda en la fecha que señalen las autoridades a realizarse la interrupción legal del embarazo.
En los resolutivos se destaca que la demora injustificada para practicar tal procedimiento a la menor vulnera su derecho a la salud, es discriminatorio y puede constituir actos de tortura y malos tratos por parte de las autoridades.
Se subraya también que la autoridad responsable se encuentra obligada a contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia o, en una eventualidad, tener ubicada una unidad de salud que cuente con personal e infraestructura para llevar a cabo tal procedimiento en condiciones de seguridad y calidad.
Aunque ciertamente no existen doctores no objetores de conciencia en el sistema de la SSEA, como tampoco los hay en las clínicas y hospitales en Aguascalientes del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto no significa que no haya médicos capacitados que estén de acuerdo con practicar este tipo de procesos en los tres sistemas como lo indicó Wilfrido Salazar Rulé, asesor jurídico del Observatorio de Violencia Social y de Género.
Resulta, explicó Salazar Rulé, que cuando un doctor pretende ingresar a alguno de estos sistemas se ve presionado para indicar en la solicitud que es objetor de conciencia pues, de lo contrario, sus posibilidades para obtener el trabajo se disminuyen o simplemente desaparecen a sabiendas de la postura de los titulares de las dependencias.
De cualquier manera, insistió Wilfrido Salazar, en la resolución se obliga a la autoridad estatal a contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia para este tipo de eventualidad, lo que significará contrataciones por parte de la SSEA.
