- Para equilibrar las fuerzas entre personas y organizaciones utilizan datos personales, son necesarios mecanismos que empoderen a las personas para exigir respeto a su individualidad
- Las leyes de protección de datos deben reconocerse como mecanismos que permiten hacer más competitivas a las instituciones públicas mexicanas: Blanca Lilia Ibarra
Al implementar estrategias de prestación de bienes y servicios de manera electrónica, los gobiernos están obligados a garantizar el derecho a la privacidad, sostuvo la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, durante su participación en el XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y IV Foro Internacional.
“Garantizar los derechos a la privacidad y la protección de datos personales, sin duda, constituye una tarea pendiente, un reto que para los gobiernos debe ser una prioridad sumamente relevante ante el contexto de una sociedad altamente interconectada”, subrayó en el evento organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), al que asistieron el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y el comisionado Oscar Guerra Ford.
Durante el panel Retos de la privacidad y la protección de los datos personales en los gobiernos de la era digital, Ibarra Cadena planteó la necesidad de conciliar los dilemas generados por la implementación de estrategias o políticas que abren la posibilidad de perjudicar el pleno ejercicio de libertades y derechos de los ciudadanos: “Si bien el avance, desarrollo, penetración y consolidación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) a nivel global es incuestionable, también es preciso señalar que la protección de datos personales se ha vuelto una necesidad igualmente apremiante debido al alcance que tienen los medios digitales”.
La comisionada del INAI señaló que, para equilibrar las fuerzas entre las personas y las organizaciones, públicas o privadas, que recaban y utilizan datos personales, es necesario concretar mecanismos que empoderen a las personas para exigir el respeto a su individualidad, como es el caso de las legislaciones nacionales e instrumentos internacionales en la materia: “Instrumentos que, por un lado, garanticen la protección de las personas físicas con relación al tratamiento de sus datos personales y, por el otro, el libre flujo de los datos personales que actualmente constituyen la base para el desarrollo, fortalecimiento e intercambio de bienes y servicios en una economía global y digital”.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra pidió no ver a las leyes de protección de datos personales como instrumentos que entorpecen la explotación de un activo fundamental como son los datos personales y que, sin duda, conllevan costos excesivos de implementación, mantenimiento y monitoreo de las obligaciones previstas: “Las leyes más bien deben reconocerse como mecanismos que a corto, mediano y largo plazo permiten hacer más competitivas a las instituciones públicas mexicanas a nivel nacional e internacional; generar un valor agregado en la gestión administrativa de los procesos internos basados en las tecnologías de la información; identificar áreas de oportunidad para implementar, revisar y mejorar las prácticas llevadas a cabo en la materia, y brindar plusvalía en la calidad de los servicios y trámites gubernamentales”.
Ibarra Cadena indicó que existen desafíos a los que las organizaciones gubernamentales se enfrentan cuando gestionan datos personales, como la anonimización de la información, la privacidad y la “discriminación algorítmica” que, representan, apuntó, un reto fundamental, toda vez que el uso de modelos de inteligencia artificial puede ocasionar la instalación y proliferación de procesos discriminatorios en los sistemas informáticos, lo que podría reflejarse en la inequidad de la prestación de servicios de seguridad social por cuestiones étnicas, de raza o, inclusive, de orientación sexual.
En el panel participaron Andrea Ruiz Rosas, directora general del Consejo para la Transparencia de Chile; Anuar Azar Figueroa, integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México; Diego Leonel Cervantes Tamayo, director general/CEO de Cuestione; Mauricio Aguirre Lozano, secretario del ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, quien fungió como moderador.
Con información del INAI
