- Fiscalía y policía municipal aceptaron recomendación
- Las investigaciones continuarán por parte de la Fiscalía
A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes no logró obtener los elementos necesarios para identificar a los policías municipales responsables del delito de tortura y tratos crueles que denunciaron siete personas en julio del 2017, situación que dio como resultado una recomendación, no significa que las investigaciones no deban continuar y que haya una reparación del daño a las víctimas.
El presidente de la CDHEA, J. Asunción Gutiérrez Padilla, recordó que este asunto lo heredaron de la administración anterior, de tal manera que dieron continuidad en la integración y también conclusión a través de una recomendación, que de acuerdo a las constancias del expediente acredita que hubo violación a los derechos humanos por tortura en dos de los quejosos, así como tratos crueles e inhumanos a cinco personas.
En la recomendación se incluye la petición de que la Fiscalía General del Estado continúe con el seguimiento de la investigación de este delito, tipificado como grave desde abril del 2016, para lo cual proporcionaron los elementos que contribuyeron a que la CDHEA emitiera el dictamen.
“Les recomendamos que investigaran quiénes fueron los responsables, porque déjeme comentarle que nosotros no pudimos investigar quienes fueron los policías responsables, toda vez que los quejosos fueron sacados del C4 en la madrugada y les pedía que se taparán la cara con su ropa y los policías usaban pasamontañas”, manifestó el ombudsman, quien destacó que identificar a los elementos resultó imposible, debido a que -curiosamente- justo ese día y hora fallaron las cámaras de seguridad que habrían permitido identificar a personas y vehículos que se utilizaron. Ésa fue la respuesta que dio la corporación cuando la Comisión pidió los videos de aquella noche de julio de 2017 para investigar el caso.
También lograron obtener algunos nombres de los probables responsables del grupo especial que estuvo laborando el día y hora de los hechos, pero no lograron las pruebas concluyentes; aunque esto no significa que no deberán ser sancionadas estas conductas, al destacar que ahora las investigaciones están en manos de la Fiscalía al tratarse de una violación grave a los derechos humanos.
Explicó que desde el punto de vista de la competencia de los derechos humanos, al tratarse de tortura se le debe procesar a cualquier persona que se concluya, con pruebas, que cometió este delito, de tal manera que el hecho de que algunos mandos ya no laboren en la corporación no significa que no puedan ser sancionados.
Pese a la poca cooperación que la Comisión recibió para llevar a cabo la investigación, Gutiérrez Padilla informó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública del municipio capital, como la Fiscalía General del Estado ya aceptaron la recomendación; la primera se comprometió a reparar el daño a las víctimas y la Fiscalía a continuar la investigación a fin de encontrar a los responsables.
