- Tiene Contraloría del Congreso 24 carpetas pendientes relacionadas con actos de corrupción
- De la legislatura anterior está pendiente que tres funcionarios presenten su declaración
La Contraloría, como órgano interno de control tanto de Congreso del Estado como del Órgano Superior de Fiscalización, investiga las denuncias que se han interpuesto en ambas instancias, las cuales, aseguró el contralor general, Roberto Valdés Ahumada, obedecen principalmente a la falta de presentación de la declaración patrimonial de los sujetos obligados, siendo en su mayoría del Osfags.
Recalcó que hay actualmente 24 carpetas de investigación abiertas, de ocho meses a la fecha, que incluyen el caso del extitular del Órgano Superior de Fiscalización, Arturo Solano López, acusado del delito de peculado, y demás exfuncionarios de la dependencia involucrados.
Valdés Ahumada recalcó que de la investigación realizada por la Contraloría que encabeza se han derivado las inhabilitaciones, sanciones y amonestaciones que se han aplicado; otras más siguen en proceso: “En proceso están cinco procesos, hasta el momento; evidentemente si mañana alguien presenta una denuncia y nosotros encontramos elementos ahí se abriría otra y va sumando a la estadística”.
El contralor recordó que las sanciones van desde una amonestación pública o privada, inhabilitaciones que en el caso de Arturo Solano es de 15 años, mientras que los otros directores administrativos han tenido de tres a cinco años de inhabilitación.
Subrayó que en cuanto a las declaraciones patrimoniales, de bienes y de interés a las que están obligados los funcionarios públicos, todos los integrantes de la LXIV Legislatura han presentado esta información al 100 por ciento, así como la actual administración del Órgano Superior de Fiscalización, sin embargo, quedan pendientes de los ejercicios pasados, de quienes no presentaron declaración de conclusión o de modificación que se debe presentar anualmente.
De la legislatura anterior está pendiente que tres funcionarios presenten su declaración; Roberto Valdés indicó que ya se les amonestó y se les apercibe a que la presenten: “Estamos en ese lapso de tiempo para que ellos puedan presentarla y puedan cumplir con esa obligación tan importante que es la declaración tres de tres; la ley marca 60 días”.
El contralor del Congreso local precisó que es un tema al que no se le da la importancia debida, pero procede una inhabilitación inmediata para el funcionario que no la presente, porque sobrepasa los términos que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas; depende de cómo se detectan denuncias y se detecten las anomalías que llegan a esta instancia, son turnadas a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
