- Violencia contra la mujer no ha tenido la trascendencia suficiente en el gobierno para ser atendida
- Austeridad no debe disminuir calidad de los servicios, capacidad o cobertura
La tendencia internacional es que como una garantía individual se otorgue a los ciudadanos un derecho humano a la buena administración, a que se apliquen correcta y debidamente los recursos, sin embargo, no se accede de manera equitativa a ello; esta situación afecta a la población en México desde que prevalece el machismo en nuestra cultura e idiosincrasia, subrayó el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, Luis Antonio García Calderón.
Lamentó que todavía haya situaciones en donde a la mujer no se le reconoce, no se le da el mismo nivel ni tiene las mismas percepciones; además sufren de agresiones físicas, morales y sicológicas, casos que se acrecientan en las últimas fechas, situación que está focalizada en Ciudad Juárez y que ha sido rebasada por otras demarcaciones, convirtiéndose en una problemática social generalizada en el país: “Ahí es donde no ha habido esa trascendencia como gobierno”.
García Calderón apuntó que México también atraviesa por la debilitación de valores y principios fundamentales de la sociedad, lo más grave es que esto ha derivado en delitos de corrupción, situación que debe atacarse de fondo y de origen, de ahí la importancia de entender su tipología; lamentó que la mayoría de la población esté acostumbrada a los paliativos para resolver el problema de inmediato.
“Hay que estudiar la corrupción, hay que atacarla; y no es privativa de México, por cierto, pero no es para que nos sintamos satisfechos. Para medir la corrupción los índices que se toman en cuenta todo es proyección y cálculo, es decir, en el caso de los índices internacionales de transparencia o de la OCDE, es conforme a percepción; no hay un indicador, no hay elementos integrados que nos haga llegar a un punto exacto de cálculo”, explicó el funcionario.
Resaltó que por la propia naturaleza de la corrupción existe en todo ser humano, pero la justicia se vulnera por la impunidad; un caso es el tráfico de influencias, redes en las estructuras de gobierno, por empresa que se dedican a participar en licitaciones y tienen comprados todos los sectores; extorsiones a contratistas y particulares, a esto se suma el nepotismo en el ejercicio público y cohecho a funcionarios.
Ante esto, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos precisó que la Secretaría de la Función Pública está implementando la ciudadanización para que se participe en el combate a la corrupción y la impunidad; a la democratización de las tecnologías para que la información sea de acceso a toda la población; a la protección de los alertadores internos, para que quienes puedan proporcionar información sobre presuntos corruptos no estén en riesgo; relanzamiento del servicio profesional de carrera para que no se convierta en un agencia de colocación que fomenta el que se sindicalicen personas de alto nivel; subrayó que también se están enfocando a una austeridad como un principio generador del estado de bienestar social.
“La austeridad tiene que aplicarse, pero no disminuir la calidad de los servicios o disminuir la capacidad o la cobertura; es simple y sencillamente dar adecuadamente los servicios y que el recurso llegue a quien le corresponda. La economía, la corrupción son los retos a los que nos tenemos que enfrentar y hay diferentes formas y las estrategias en que lo podríamos hacer”, enfatizó García Calderón.
