El derecho de acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana permiten la defensa de los derechos de los pueblos originarios involucrados en proyectos de industrias extractivas
Se debe acabar con el vacío legal que representa el no contar con una Ley de Consulta Previa a los Pueblos Originarios
El derecho de acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana permiten la defensa de los derechos de los pueblos originarios involucrados en proyectos de industrias extractivas y hacen posible la gobernanza ambiental, sostuvo Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): “Sin información pública no es posible una gobernanza ambiental en donde todos los actores involucrados conozcan las implicaciones de los proyectos que deberán apoyar o impugnar, así como los derechos que deberán defender y puedan participar así en las decisiones que afectan su entorno”.
Al participar en el Taller Nacional Estándares Interamericanos y Legislación Nacional en Materia de Acceso a la Información Ambiental en Contextos de Industrias Extractivas, Salas Suárez enfatizó que los conflictos socio-ambientales más comunes en el país están relacionados con proyectos en materia de agua, energía y minería.
Salas Suárez destacó la importancia de acabar con el vacío legal que representa el no contar con una Ley de Consulta Previa a los Pueblos Originarios que, recordó, ha sido motivo de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “Y este tipo de presión política se ha venido incrementando en los últimos meses y, esperemos, que esté dentro de las prioridades del periodo legislativo que está por iniciar en el próximo mes de septiembre. Es necesario que surja una Ley de este tipo, en función de un debate participativo previo y un debido proceso de consulta a los pueblos originarios”.
En el evento convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y la Organización de Estados Americanos (OEA), el comisionado del INAI afirmó que las cifras confirman el interés de las personas por conocer los alcances de los proyectos de infraestructura que pueden implicar regresiones ambientales: “De mayo de 2014 a septiembre de 2018, en el INAI conocimos 545 recursos de revisión, todos relacionados con temas de impacto ambiental de diversos proyectos de infraestructura y 35 relacionados con consultas a pueblos originarios, los cuales, tienen su contraparte en 6 mil 904 y 325 solicitudes de información, respectivamente”.
Durante el panel Estado de los Sistemas de Información Ambiental Nacionales, Joel Salas apuntó que, de ese universo de recursos y solicitudes de acceso, existen proyectos paradigmáticos como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el caso Pasta de Conchos, la estrategia del combate al “huachicol” y la refinería de Dos Bocas en Tabasco: “También está el proyecto de la hidroeléctrica de Las Cruces en Nayarit que, por no haber hecho la consulta previa, la comunidad Wixárika se movilizó y logró frenar, por el momento, la construcción de esta presa, por las implicaciones de un ecocidio a las Marismas”.
En el taller participaron Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; Marisol Barragán, gerente jurídico de la Minera San Xavier; Oscar Pineda, representante de Project on Organizing, Development, Education, and Research (Poder), y Paloma García, en representación de la Cámara Minera de México.
Además, Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Rodolfo Godínez de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia UCAI – Semarnat; Nestora Salgado, senadora de la República, y Jatziri Pando, asesora de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado.
Con información del INAI
