- En la administración de Francisco Chávez se contrató irregularmente a un despacho de abogados para resolver el caso de la Unacar; el IEA contaba con su propio equipo jurídico
- Francisco Chávez enfrenta un proceso en la Fiscalía Anticorrupción por la contratación de este despacho
- Colaborará Gobierno del Estado con Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para resolución de este caso
El director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, relacionó la contratación irregular de un despacho de abogados por parte de la pasada administración con el caso del abogado Juan Collado, aunque no dio mayores detalles.
El viernes 2 de julio de 2019 el director del IEA informó que desde que comenzó la administración se inició la averiguación de “algunos temas” que se encontraron y fueron llevados a la Contraloría del Estado, mismo que estaría relacionado con el abogado Juan Collado quien fue detenido por supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en junio pasado.
Raúl Silva detalló que fueron observadas algunas situaciones de contratación de personal jurídico que no era necesario toda vez que el IEA cuenta con su propia área jurídica, así como convenios que carecían de transparencia.
El 15 de junio de 2018 la dependencia estatal fue demandada por el abogado que llevó el caso de la compra de tabletas a la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Martín Paulo Guerra Scott, debido a que la institución le dejó de pagar.
En respuesta, la Dirección Jurídica del IEA informó a La Jornada Aguascalientes que cuando la actual administración asumió el cargo, decidió dejar de pagar a Guerra Scott porque se percataron que al final él había dejado de poner atención al Caso Unacar del cual se hizo cargo en consecuencia la propia Dirección Jurídica.
Como se puede leer en la nota “Demanda abogado al Instituto de Educación de Aguascalientes por falta de pagos” publicada por este diario el 16 de junio de 2018, el abogado cobraría 2 millones de pesos por la firma del contrato, dos millones 500 mil pesos cuando se ganara el juicio contra Unacar y 1 millón 500 mil pesos a concluir el caso en la Procuraduría General de la República y se consignara ante el juez de distrito; además de un pago de 60 mil pesos al mes, hasta por 12 meses con el objetivo de que fuesen aplicado en trámites y procedimientos de orden penal, civil y extrajudicial contra quienes resultasen responsables.
La contratación irregular de este abogado derivó en un procedimiento en la Fiscalía Anticorrupción, así como uno más en el Órgano de Control Interno del IEA, contra el exdirector del IEA, Francisco Chávez Rangel, quien habría contratado a Guerra Scott pese a que el instituto contaba con sus propios abogados.
Este viernes 2 de agosto de 2019, Silva Perezchica expresó: “La gente que se contrató fueron personas que el propio instituto tenía capacidad para poder atender, se sobre contrató o se contrató excesivamente personal cuando no era necesario, no se acreditaron funciones en este caso”.
Sobre el caso el gobernador Martín Orozco Sandoval apuntó que este es un tema que tiene la Fiscalía General del Estado en sus manos: “El IEA presentó la denuncia y el fiscal y vice fiscal anti corrupción sabrán más o menos como va el proceso”.
Como puntualizó Martín Orozco, lo importante en el caso es que se puedan armar bien los casos pues de lo contrario se podrían caer cante jueces y juzgados como le ocurrió a la pasada administración estatal, para lo cual prometió que cruzará información con Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien tendría información sobre dos casos del Gobierno de Carlos Lozano de la Torre.
