- Los archivos no son sólo la recopilación de lo que se dice y se hace, sino son el fundamento de un Estado que explican el pasado para cimentar mejor el porvenir
- El Pleno del INAI interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por violación a los datos personales y al derecho a la vida privada
Urge implementar la Ley General de Archivos para garantizar el derecho a saber y evitar que se abuse de las declaraciones de inexistencia de la información solicitada por la sociedad, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas: “El gran peligro es que solo con una Ley General de Archivos podemos evitar una inercia a abusar de la inexistencia de la información, como lo hubo en el pasado, cuando nacieron las instituciones de transparencia”, subrayó al dictar la conferencia Retos para la debida gestión documental en las instituciones públicas.
Ante servidores públicos de instituciones estatales y municipales de Nuevo León, Acuña Llamas planteó que los archivos no son sólo la recopilación de los que se dice y se hace, sino son el fundamento de un Estado que explican el pasado para cimentar mejor el porvenir.
“No sólo si no hay archivos no hay transparencia, es mucho más grave el asunto: si no hay archivos, no hay Estado”, por ello el comisionado presidente del INAI llamó al Congreso de Nuevo León a atender en el próximo período legislativo las observaciones por las que el Ejecutivo local vetó la Ley Estatal de Archivos, a fin de que la entidad cuente ya con una norma en la materia.
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña explicó a representantes de la industria de transformación de Nuevo León los motivos por los que el Pleno del INAI determinó presentar una acción de inconstitucionalidad, en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, por violación a los datos personales y al derecho a la vida privada.
La acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo estudio, y mediante acuerdo de los Comisionados del Pleno del INAI, y le correspondió el número 69/2019.
Los artículos impugnados establecen como obligación de los particulares, personas físicas y morales, presentar declaración de situación patrimonial y de intereses cuando sean contratados por cualquier ente público para dar algún servicio. Tal imposición, de la que derivan otras tantas obligaciones y sanciones, vulnera el derecho a la protección de los datos personales y a la vida privada.
Como órgano garante, el INAI actúa con apego irrestricto a la Constitución, la cual reconoce en sus artículos 6º y 16 los derechos humanos a la vida privada o privacidad y el de la protección de los datos personales.
Con información del INAI
