- Mujeres que denuncian se enfrentan a una sanción social y a un castigo político
- Necesario, fortalecer el marco normativo y que se tipifique como delito autónomo
La violencia política hacia las mujeres no sólo prevalece, el problema aumenta día con día, dijo Rosa Elena Anaya Villalpando, especialista en política pública y de género, lamentó que sea una reacción a la mayor participación que están registrando las mujeres en la vida pública del país; por ello, hizo un exhorto a que desde los partidos, los órganos y autoridades electorales, y desde la sociedad en general, se puedan plantear acciones estratégicas que permitan disminuir los efectos de este tipo de violencia.
“Hay que erradicarla porque mientras esto siga sucediendo no podemos hablar de la existencia de una democracia justa, democracia de calidad y una democracia en igualdad de circunstancias para todas las personas”, enfatizó Anaya Villalpando.
La también abogada recalcó que el contexto de impunidad prevalece en la violencia política de género, donde la responsabilidad directa es de los partidos políticos; recalcó que es necesario que se sancione de manera ejemplar a los militantes que incurran en estas faltas; aunado a ello, se requieren mejoras al marco normativo sobre las capacidades institucionales, para que permitan llevar a cabo mejores investigaciones, sanciones de acuerdo al delito cometido y principalmente esquemas de prevención de violencia política: “Entre estas acciones, las declaraciones de cero tolerancia, el fortalecimiento de las instituciones de investigación al interior de los partidos y de las autoridades electorales, muchas cosas que nos permitan no solamente sanar los efectos, sino prevenir este tipo de acciones”..
Refirió que se cuenta con poca información sobre casos específicos y estadísticos en relación con esta problemática, pues no hay un consenso de cuántos son ya que hay poca cultura de la denuncia; son acciones que por desgracia se han naturalizado, lo que complica su visibilización; Anaya Villalpando subrayó que esta violencia se ejerce de forma que se toma como algo que ocurre normalmente y como parte de la cultura de la política: “Se dice la política es así y hay que tener estómago para aguantar la política”.
Enfatizó que para las mujeres que se atreven a denunciar, en muchas de las ocasiones hay una sanción social y un castigo político en detrimento de sus carreras, por lo cual se complica aún más su atención y se les revictimiza; esto impide contar con estadísticas sobre el problema.
Si bien en el estado no se han registrado casos de mujeres que hayan perdido la vida por violencia de género, Elena Anaya recalcó que por desgracia las manifestaciones van desde violencia simbólica, que prevalece en los medios de comunicación al cosificar a las candidatas y hacen señalamientos sobre sus cuerpos y a sus vidas personales; se dan casos también de agresiones sicológicas y esto puede llevar hasta el feminicidio: “Sobre todo en el sur del país hemos visto candidatas o mujeres que ejercen un cargo público, que han sido víctimas de feminicidio por la causa de ejercer sus derechos políticos y electorales”.
Reiteró la necesidad de fortalecer el marco normativo para que quede muy bien delimitado el delito de violencia política, además de que quede tipificado de manera autónoma, debe ser una figura que permita la aplicación de la ley; a la par se debe dotar a las autoridades y tribunales electorales de las capacidades necesarias para que lleven a cabo las investigaciones y se apliquen las sanciones debidas a quienes ejerzan este delito.
