- Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos redundan en una transformación respecto a la violencia de género
- El caso Campo Algodonero sigue siendo un recordatorio de no adoptar a tiempo las medidas necesarias para erradicar la violencia de género
Las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el impacto que han tenido en México han abonado a atender el problema de violencia de género que impera en el país, aseguró la asesora de presidencia y abogada de la Corte, Marta Cabrera Martín, quien en el Congreso Internacional de Derecho Procesal brindó la conferencia magistral en este tenor.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha trabajado con especial ímpetu en los últimos años en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, al ser un problema endémico, no sólo en el país, sino en el mundo; precisó que en el ámbito jurídico se ha incidido en políticas públicas tendientes a una mayor protección de los sectores más vulnerables; en la materia se han desarrollado estándares interamericanos y es necesario revisar los avances que han tenido y los pendientes que prevalecen para hacer frente a esta problemática que afecta en mayor medida a las mujeres.
Cabrera Martín subrayó que si bien México, en comparación con otros países del continente, no registran tantos casos de violación a los derechos humanos que hayan sido turnados a la instancia que representa, como es la situación de Perú cuya litigiosidad es mayor, las sentencias que se han dictado como en los casos de Ramiro Radilla Pacheco por el que resolvió limitar la jurisdicción militar, debido a que el exalcalde de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue detenido ilegalmente en un retén militar en 1974 y a la fecha no se tiene mayor información sobre su paradero; así como el caso de Jorge Castañeda Gutman que abonó a la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Destacó el caso conocido como Campo Algodonero, que fue un parteaguas para la violencia de género en el país, ya que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano como responsable de la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001; el homicidio fue cometido por los asesinos seriales Edgar Ernesto Álvarez Cruz y José Francisco Granados de la Paz.
El caso Campo Algodonero debe constituirse como un recordatorio constante y permanente de la existencia de la violencia de género en el país y de las irreparables consecuencias de no adoptar a tiempo las medidas necesarias para su erradicación; ha tenido un impacto en México, se ven los resultados, se debe seguir fortaleciendo el compromiso del estado y la sociedad en general con el cumplimiento de los derechos humanos, recalcó Cabrera Martín.
“No nos podemos pronunciar específicamente, actualmente, de cuáles son las condiciones de gobierno porque a nosotros nos llegan los casos mucho más tarde; cuando el caso llega a la Corte, se encarga de dictar una sentencia oportuna, se establecen las reparaciones que se consideran pertinentes de los casos que ya se han dictado y de las medidas que todavía quedan por cumplir en casos relativos a México, en caso de Campo Algodonero el estado ya ha cumplido con muchas de las reparaciones como concesión de becas, de ayuda a tratamiento a las víctimas, pero quedan algunas medidas por cumplir (…) al final redunda en una transformación integral del país con respecto a la violencia de género”, subrayó la secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
