- ITEA mandato que la información fuera liberada
- Liberación se encuentra en etapa de cumplimiento
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Ya se levantaron los candados de reserva de los documentos relacionados con el uso de recursos del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (FIADE) que se canalizaron para favorecer la construcción Nissan II, informó el comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba.
En entrevista colectiva, minutos antes de presentar su informe anual de actividades en el Congreso del Estado, el comisionado presidente del Instituto explicó que el pleno de los comisionados del ITEA resolvió, tras una ponencia del doctor Rubén Díaz López y de Tachiquín Ruvalcaba, fue posible que hicieran el procedimiento adecuado para la reserva de la información, “ya se resolvió…estamos hablando que fue hace dos semanas, y ahorita estamos en el proceso de cumplimiento de la misma”, dijo que la resolución fue avalada por unanimidad de los tres comisionados.
Dicha información contenida en documentos como las actas del comité técnico, comisiones técnicas y subcomité de enajenaciones del FIADE, en donde se acreditó la compra y donación de terrenos para Nissan, así como los estados de cuenta, contratos de otorgamiento de apoyos y créditos del FIADE a particulares y actas de adquisiciones de bienes inmuebles, se mantendría en reserva por cinco años, situación que se hizo evidente tras la investigación “Operación Nissan II.
Según informó el comisionado presidente, se levantaron reservas en otros casos que sujetos obligados han trasgredido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, al haberse aplicado reservas de forma irregular tanto de ayuntamientos, como Gobierno del Estado, el Congreso, y se han repuesto algunas que no se hicieron bajo las reglas de la ley.
Explicó que sólo se puede reservar la información cuando esté relacionada con el uso inadecuado de los datos personales, afecte la seguridad estatal o vulnere procedimientos administrativos o jurídicos que estén en proceso.
