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miércoles, febrero 4, 2026

Poca esperanza de que se sancione a los superdelegados

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  • La secretaria de la Función Pública ha defendido cualquier ataque contra el gobierno federal
  • Además de una sanción económica, deberían separarse de su cargo con el fin de que ya no se hagan más promoción

 

 

Hay poca esperanza de que la Secretaría de la Función Pública aplique sanciones a los catorce súper delegados que fueron señalados de promover la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la titular de dicha dependencia, Irma Eréndira Sandoval, ha defendido a capa y espada a gran parte de los militantes de Morena, opinó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ángel Ávila Romero.

Fue en diciembre cuando, tras la queja del PRD, la Sala Especializada del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) determinó que 43 funcionarios de la Secretaría del Bienestar fueran sancionados por sus organismos de control interno, catorce son súper delegados, entre ellos el de Aguascalientes Aldo Ruiz Sánchez. Ahora, es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública aplicar las sanciones correspondientes.

Nuevamente el dirigente nacional del PRD criticó la poca transparencia que tiene las reglas de operación y el manejo de recursos de los programas asistencialistas de la Secretaría del Bienestar. Además, expone que los superdelegados se sirven de estos apoyos para hacerse promoción a ellos mismos, como ejemplo puso a Jaime Bonilla Valdez, quien fue superdelegado y actualmente es gobernador de Baja California.

Ángel Ávila comentó que espera que las sanciones que se le apliquen también vayan en ese sentido, no solamente una sanción económica, sino que sea suspendido y separado de su cargo.

Sin embargo, el dirigente del PRD dijo no tener muchas esperanzas de que se apliquen las debidas sanciones pues Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, ha defendido en repetidas ocasiones cualquier señalamiento en contra el gobierno federal.

Puntualizó Ávila Valdez que no desean que se suspendan los programas asistencialistas federales, si no que se hagan conforme a la ley para que no haya violaciones al estado de derecho.

 

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