Estudiantes organizadas somos un grupo de alumnas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se dedica a brindar información de los procesos de denuncia (dentro y fuera de la UAA), acompañamiento o representación legal -en casos de denuncias dentro de la institución-, así como la evaluación y apoyo a las instancias universitarias en la revisión y pertinente cambio del Protocolo de Actuación Ante Situaciones De Acoso, Discriminación y Violencia.
La colectiva se consolida en 2018 por alumnas de distintas carreras, a raíz de la realización de un tendedero de denuncias como parte de las actividades conmemorativas del 8 de marzo del mismo año, en dicho tendedero se hicieron presentes nombres de profesores cuya fama y denuncias anteriores de hostigamiento, les precede. A partir de este suceso y reciente disposición universidad a escuchar a las alumnas, comenzamos a trabajar bajo las siguientes exigencias:
- Revisión y modificación del actual “Protocolo de actuación ante situación de acoso discriminación y violencia” debido que es ambiguo, carece de tiempos de acción y sanciones claras, presenta referencias legales ambiguas, carece de perspectiva de género y carece de información necesaria durante el proceso de una denuncia.
- Que se investiguen los expedientes de profesores o cualquier personal de la institución con historial de denuncias previas al establecimiento del protocolo mencionado anteriormente y aplicar las sanciones correspondientes en caso de ser necesario;
- Y la inclusión de perspectiva de género y de Derechos Humanos en la curricula de cada carrera.
Es así que, en ese año, se designa una comisión formada por representantes de la Defensoría de Derechos Universitarios, Jurídico y Estudiantes Organizadas con el objetivo de revisar y modificar el “Protocolo de actuación ante situación de acoso discriminación y violencia”. Cabe mencionar que postura por parte de la institución dentro de estas negociaciones fue relegarnos completamente la responsabilidad de la modificación del protocolo bajo el argumento de que “quedara como nosotras lo quisiéramos”, a lo cual en su momento accedimos, con la esperanza de generar un cambio dentro de la institución. Sin considerar que la universidad cuenta con el recurso y personal sumamente calificado para la elaboración adecuada de un protocolo que cubra las necesidades de un espacio educativo superior; así mismo contaba con el contacto y referente del protocolo ante situaciones de acoso, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Las negociaciones continuaban, cuando en marzo del 2019, estalla el movimiento #MeToo en México, trayendo consigo el hashtag #metooacademicos, donde se expusieron a docentes de instituciones de todo el país por sus actitudes de hostigamiento y acoso, siendo la UAA la segunda universidad con más nombramientos por debajo de la UNAM, con más de 20 denuncias en Twitter y Facebook. A raíz de este suceso y de la respuesta por parte de la UAA, estudiantes organizadas decide alzar la voz a través de una manifestación pacífica, donde se pedía a la institución la investigación de los docentes implicados, dado que muchos habían sido denunciados previamente, además de brindar un acceso a la justica adecuado a las víctimas.
De tal manera, se entabla un dialogo con la Defensoría de los derechos universitarios y el Comité Interinstitucional para la Equidad de Género; mismas instancias que un día antes nos pidieron que no realizáramos la manifestación (cabe recalcar que, está fue la primera vez que el comité institucional para la equidad de género se presentó en un dialogo con nosotras). En el cual, se llegaron a diversos acuerdos, entre ellos la investigación de los casos del #metoo bajo la condición de que las alumnas integrantes de Estudiantes Organizadas presentaran las denuncias a su nombre, de tal manera no se volvería a presionar a las víctimas a denunciar de forma presencial. Sin embargo, la institución fue cambiando de parecer conforme avanzó el tiempo, poniendo más trabas legales para realizar estas investigaciones, violando los acuerdos. Es así que estas bajo estas más de 20 denuncias, no hemos tenido ningún tipo de resolución o presentación de avance, a pesar de que nuestros nombres e identidad fueron expuestos para llevarlas a cabo.
Uno de los principales argumentos que se ha presentado continuamente por parte de la institución ante a los casos del MeToo y del tendedero de denuncias realizado en 2018, ha sido que la universidad carece de la facultad de iniciar investigaciones, dado que la Defensoría de Derechos Universitarios no trabajaba por oficio, dado que es necesaria una denuncia, sin embargo, las denuncias efectuadas anónimamente bajo una red social, carecen de validez legal.
De esta manera, las recientes acciones que ha tomado la universidad en el reciente caso viral de Alan Capetillo, demuestran una postura completamente contradictoria. Dado que el acusado, quien realizo publicaciones misóginas en su red social, fue anunciado públicamente que fue suspendido temporalmente, para iniciar una investigación sobre el asunto; así mismo se invitó en redes sociales a dejar una denuncia en comentarios de Facebook; mostrando que la defensoría sí tiene la capacidad de iniciar investigaciones y aceptar denuncias efectuadas a través de redes sociales. Esto nos lleva a la lamentable inferencia, donde parece que la universidad brinda soluciones contundentes cuando su imagen pública se ve afectada.
Antes de este último acontecimiento, las negociaciones para la modificación del protocolo se volvieron casi nulas debido a la falta de respuesta de la institución, por lo que estudiantes organizadas decidió continuar con la elaboración de las modificaciones con el asesoramiento legal pertinente. Las modificaciones al protocolo, las cuales consistieron en la adición de un segundo tomo que tratase únicamente las violencias de genero y dejando como primer tomo el protocolo original para tratar los demás tipos de violencia, fueron finalizadas y entregadas a la institución el día 21 de febrero de este mismo año, por lo que toda su aprobación, adecuación y ejecución queda en manos de la universidad.
Como colectivo estudiantil aplaudimos las recientes acciones, y esperamos que estas sean un parteaguas para acciones que demuestren voluntad política por parte de la universidad para resolver problemáticas internas que nos siguen aquejando desde hace mucho tiempo. Esperamos que, bajo esta reacción pública, anuncien de la misma forma su compromiso para investigar a los docentes y personal administrativo implicados en denuncias de agresión sexual y conductas inapropiadas bajo las denuncias que interpusimos anteriormente, así como para brindar mecanismos adecuados para la realización de una denuncia, evitando procesos revictimizantes como los del protocolo actual, y acciones contundentes para la prevención efectiva de la violencia de genero dentro de la benemérita institución.
Desde Estudiantes Organizadas seguiremos pendientes ante el trabajo que le corresponde a la Universidad respecto a la prevención, atención y sanción adecuada del hostigamiento y acoso sexual; trabajo que refleje una verdadera voluntad política y compromiso con las estudiantes y no una simple estrategia de publicidad o control de daños mediático. Así mismo, recalcamos que nuestra postura deviene del hartazgo como estudiantes, y de la profunda decepción de la postura institucional ante esta problemática; sin embargo, nuestras acciones siempre han sido de cooperación y trabajo conjunto con las instancias pertinentes, aun cuando este trabajo le corresponda a la misma,
